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Dos nuevas muertes dejan en evidencia el infierno de las cárceles en Venezuela

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia los abusos que sufre la población carcelaria, que enfrenta males endémicos como hacinamiento y corrupción

Fotografía de archivo en la que se registro una vista general de la entrada principal del centro penitenciario Tocorón, en Tocorón (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Nicolás Maduro sabía que los venezolanos interpretarían sus palabras como una sentencia de muerte. “Tenemos 2 mil presos capturados y de allí van para Tocorón y para Tocuyito, máximo castigo (...). Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”.

En un mitin político celebrado el 4 de agosto de 2024, Maduro se ufanaba de la cantidad de detenidos en el marco de las protestas que estallaron, luego de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara ganador de los cuestionados comicios del 28 de agosto.

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Sin embargo, más que el número, allí el mensaje estaba en el destino de los aprehendidos: Tocorón (Centro Penitenciario del estado Aragua) y Tocuyito (Internado Judicial del estado Carabobo), dos cárceles de presos comunes que se han convertido en símbolos de un sistema penitenciario que viola los derechos más elementales de los reclusos. “Máximo castigo” en palabras de Maduro, hoy encerrado en el Metropolitan Detention Center de Nueva York.

Las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones y Foro Penal han llegado a contabilizar al menos nueve muertes de presos políticos que estuvieron en esos recintos.

El régimen de Venezuela desplegó más de 11.000 funcionarios para desarticular a las bandas criminales que operaban desde la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua

Caso inédito

El infierno de las cárceles venezolanas volvió a quedar en evidencia este 20 de abril, cuando el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de dos privados de libertad en las cárceles Rodeo III y Rodeo IV, en el estado Miranda. “Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, sostiene la asociación civil.

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El Observatorio Venezolano de Prisiones destaca que por primera vez se registra la muerte de un recluso supuestamente a causa de un paro respiratorio en la cárcel Rodeo IV, una instalación nueva de la cual no se conocen mayores detalles y a la que han sido trasladados presos políticos en las últimas semanas.

“Incluso las nuevas infraestructuras penitenciarias replican las mismas condiciones que han cobrado la vida de miles de personas privadas de libertad en Venezuela”, alerta la ONG.

Fotografía de archivo del director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado. EFE/Cristian Hernández

“El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”, critica el Observatorio.

No caben

El último informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que para el año 2024 la población reclusa en el país alcanzaba las 22.019 personas, existiendo plazas en los centros penitenciarios solo para 15.096. “Esto representa -por octavo año consecutivo- un escenario de hacinamiento en niveles considerados de riesgo crítico, con un 145.85%”, expone.

A woman holds a sign demanding freedom for people arrested during the protests following the disputed July 28 presidential election, outside the Tocuyito prison in Tocuyito, Carabobo State, Venezuela on October 16, 2024. (Photo by Federico PARRA / AFP)

“A esto se suman denuncias constantes de maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión”, enfatiza la ONG.

El Observatorio solicita a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como a los nuevos representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que investiguen, protejan y garanticen los derechos de los reclusos, y no se conviertan “en espectadores del deterioro del sistema penitenciario”.

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