La ley de amnistía prometida en Venezuela avanza con lentitud entre obstáculos judiciales que mantienen en vilo a cientos de ex presos políticos y sus familias. El activista Javier Tarazona, uno de los casos más emblemáticos, acudió este martes al Palacio de Justicia de Caracas junto a su madre solo para ser informado, tras cinco horas de espera, de que la audiencia había sido postergada una vez más sin explicación.
“¿Hasta dónde va a continuar la revictimización de nuestras familias?”, cuestionó Tarazona ante la AFP al salir del tribunal. Sus palabras condensan la frustración de quienes, pese a haber obtenido libertad con medidas cautelares, permanecen atrapados en un proceso judicial que no concluye y les impide recibir el beneficio pleno de la norma.
Tarazona, de 43 años, fue excarcelado en febrero tras casi cinco años detenido, en su mayor parte en el Helicoide, el célebre centro de reclusión de Caracas que la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió cerrar al promulgar la ley. El régimen de Nicolás Maduro lo había acusado de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio” después de denunciar enfrentamientos entre tropas venezolanas y guerrilleros colombianos en la frontera. Su hermano Rafael y su abogado Omar de Dios García también permanecieron detenidos cuatro meses en ese mismo calabozo. El juicio nunca llegó a concluirse: el expediente acumuló postergación tras postergación en un patrón que defensores de derechos humanos atribuyen a la instrumentalización del sistema judicial por parte del chavismo.
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La norma que debería resolver su situación fue aprobada el 19 de febrero por unanimidad en la Asamblea Nacional, impulsada por Rodríguez bajo presión de Washington. Cubre hechos de conflictividad política ocurridos entre 2002 y 2025, pero no opera de manera automática: cada beneficiario debe tramitar individualmente su caso ante los mismos tribunales que durante años ejecutaron las órdenes del chavismo. Un tribunal ya rechazó en una ocasión anterior la solicitud de amnistía de Tarazona, sin mayor explicación pública.
Esa dependencia judicial es el nudo que denuncia la sociedad civil. La ONG Foro Penal contabilizó el 11 de abril 485 personas todavía detenidas por razones políticas, cuando antes de la caída de Maduro el pasado 3 de enero superaban el millar. La organización ha advertido que la ley opera como un “embudo” que frena las liberaciones. Un grupo de ex presos presentó esta semana ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas una denuncia sobre retrasos sistemáticos y lo que describieron como una “selectividad perversa” en la aplicación de la norma.
El gobierno interino defiende la medida. Rodríguez ha indicado que más de ocho mil personas se han beneficiado desde su entrada en vigor, aunque activistas señalan que la mayoría ya contaba con medidas cautelares y no se encontraba encarcelada.
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Para Teresa Sánchez, madre del activista, el nuevo aplazamiento fue una herida reabierta. “Vuelven a remover todo lo que he vivido estos cinco años”, dijo entre lágrimas. “Yo creo que ya está bien, tengan un poquito de consideración”, añadió. Su hijo describió su sufrimiento como el de “millones de madres” que esperan por hijos en el exilio o aún tras las rejas.
Tarazona exige también reparación formal: “Aspiramos a que exista justicia, aspiramos a que haya la no repetición de este tipo de hechos y que indudablemente impere la verdad”. Para muchos afectados, la amnistía es apenas el primer escalón de un proceso de justicia transicional que el gobierno venezolano no ha encarado formalmente, y cuya ausencia seguirá siendo el principal déficit del proceso político en curso.