Venezuela acumula un periodo de tres años y diez meses sin ajustes en el salario mínimo, el intervalo más extenso en casi 30 años, según denunció la organización no gubernamental Provea. La ONG instó a la “reconstrucción del ingreso” de los trabajadores y sus familias.
A través de X, Provea remarcó que tanto el salario mínimo como la pensión “permanecen anclados” en 130 bolívares mensuales —actualmente equivalentes a unos 37 centavos de dólar al tipo de cambio oficial— desde marzo de 2022, pese a los “incesantes reclamos de miles de trabajadores y al acelerado deterioro de la calidad de vida de las familias”.
La organización destacó: “Es el período más largo, de los últimos 29 años, sin aumento salarial”.
Provea subrayó que la anunciada recuperación económica “mediante la inversión extranjera y nuevos acuerdos energéticos no puede dejar de lado la necesaria reconstrucción del ingreso”, y sostuvo que esto requiere de una estrategia “basada en el diálogo social y la negociación tripartita”.
En ese contexto, la ONG consideró urgente “rescatar, proteger y fortalecer la institucionalidad de la negociación colectiva”.
Provea también afirmó que corresponde al Estado “garantizar y proteger el derecho a la libertad sindical y a la sindicación”, lo que debería derivar en “la inmediata libertad plena y sin restricciones de todos los trabajadores y dirigentes gremiales y sindicalistas detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos”.
La política salarial del Ejecutivo se ha centrado en el pago de bonificaciones que no repercuten en los beneficios laborales.
En abril del año pasado, Nicolás Maduro —hoy detenido en Estados Unidos— incrementó de 130 a 160 dólares el denominado “ingreso mínimo integral”, conformado por dos bonos: uno de alimentación, de 40 dólares; y otro llamado “ingreso de guerra económica”, de 120 dólares; ambos depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.
Este lunes, un grupo de activistas y familiares de sindicalistas presos reclamó la liberación inmediata de estos detenidos, a 11 días del anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número importante” de personas.
Durante una protesta frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, la Coalición Sindical Nacional denunció la detención de 16 de sus integrantes, de los cuales al menos cuatro permanecen en paradero desconocido.
La alianza sindical convocó a reuniones en todo el país para el próximo viernes, en coincidencia con el aniversario del derrocamiento, el 23 de enero de 1958, del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para reclamar la liberación de presos políticos y salarios con poder de compra. También prevé una movilización en marzo, cuando se cumplirán “cuatro años de la congelación del salario” mínimo.