Edmundo González Urrutia calificó de “venganza” la detención y condena de su yerno en Venezuela

El líder opositor denuncia que Rafael Tudares se encuentra en “desaparición forzada” desde hace un año mientras su hija desconoce su paradero

El líder opositor venezolano Edmundo González observa mientras recibe el 'Premio Milton Friedman' en Roma, Italia, el 23 de diciembre de 2025 (REUTERS/Yara Nardi)

El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia consideró este miércoles como una “venganza” contra él que su yerno, Rafael Tudares, esté detenido desde el 7 de enero del año pasado, un hecho que se produjo tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien fue proclamado presidente reelecto de manera fraudulenta.

“Esto es más venganza que justicia”, manifestó González Urrutia en su cuenta de X.

En este sentido, afirmó que los cargos en su contra —debido a una investigación y a una orden de arresto en Venezuela— fueron “trasladados” a Tudares, quien fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”.

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“Yo lo tomé desde el principio como lo que es en realidad: una presión que me están haciendo a mí y que él está pagando por el hecho de ser el yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones y que este régimen se las robó”, reclamó el líder opositor, en referencia a las presidenciales de 2024.

Asimismo, reiteró que su yerno se encuentra en “desaparición forzada”, al señalar que su hija, Mariana González, desconoce su paradero y el lugar donde Tudares permanece recluido desde hace un año, un período que González Urrutia describió como “marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”.

Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

Rafael no ha tenido respeto a las garantías procesales, acceso a defensa privada, atención médica adecuada, condiciones de detención dignas ni control judicial efectivo, todo lo contrario”, denunció el opositor.

Además, argumentó que el caso de Tudares “no es aislado”, sino “forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación sistemática de derechos”.

“Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz ni de democracia, ni garantías para nadie. Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos”, concluyó el líder opositor, quien reclama la Presidencia desde el exilio al asegurar que venció a Maduro en las presidenciales de 2024.

En su cuenta de X, Mariana González lamentó este miércoles que haya pasado un año sin su esposo: “Un año sin respuestas. No tengo más palabras. Solo verdad, justicia y humanidad. Eso es todo lo que pedimos”, indicó.

Tudares fue detenido el 7 de enero del año pasado, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa —ya excarcelado— y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, quien sigue en prisión.

Por otra parte, la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal reclamó una amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, permanecen detenidos en Venezuela. El pedido fue formulado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y apunta a la liberación inmediata de personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos como primer gesto para descomprimir la crisis institucional.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, señaló Alfredo Romero, director de la ONG, en un mensaje publicado en su cuenta en X. Romero destaca que el Foro Penal “está dispuesto a aportar lo necesario al respecto”.

Romero sostuvo que una amnistía general permitiría enviar una señal clara de distensión en un momento de extrema incertidumbre política. Según explicó, la medida debería estar orientada exclusivamente a los casos de persecución política y no implicaría, en ningún caso, garantizar impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.

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