La dictadura de Nicolás Maduro ordenó el refuerzo militar en dos de las principales instalaciones energéticas de Venezuela en medio de la presión por parte de Estados Unidos, que en las últimas semanas ejecutó ataques directos contra infraestructura vinculada al narcotráfico y avanzó en el bloqueo del comercio petrolero del país.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pilar del sostenimiento del régimen chavista, informó que mantiene unidades desplegadas en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en Zulia, una región fronteriza con Colombia históricamente atravesada por el contrabando y el crimen organizado.
El anuncio fue realizado por el jefe militar de la región occidental, Pedro González Ovalles, en un mensaje difundido por el alto mando castrense.
Según afirmó, el despliegue busca “garantizar la seguridad” de ambas instalaciones, aunque la decisión se produce en medio del aislamiento internacional del régimen y de denuncias sobre el uso de puertos venezolanos para actividades ilícitas.
El refuerzo coincide con la revelación del diario The New York Times de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar y despachar cargamentos de droga. De acuerdo con el diario, la operación no dejó víctimas y representa la primera acción conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.
El propio presidente Donald Trump confirmó la ofensiva.
“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró a periodistas en Mar-a-Lago. Washington sostiene que el ataque forma parte de una campaña ampliada contra redes narcotraficantes que operan con protección de la dictadura de Nicolás Maduro.
El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de esa estrategia. Según The New York Times, la operación marca un giro en la política estadounidense, que hasta ahora se había concentrado en interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Trump había anticipado que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra vinculados al narcotráfico.
La presión aumentó además tras la incautación de dos buques que transportaban crudo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a petroleros sancionados que entren o salgan del país caribeño. La medida golpea directamente a la principal fuente de ingresos del régimen en un contexto de colapso económico y deterioro de la industria energética.
El Centro de Refinación Paraguaná, uno de los complejos más grandes del mundo, opera muy por debajo de su capacidad desde hace años por falta de inversión, corrupción y sanciones. El complejo Ana María Campos, dedicado a fertilizantes y derivados del gas, también ha sufrido paralizaciones recurrentes.
Desde Caracas, funcionarios del régimen denunciaron “amenazas” y “ataques”, sin referirse directamente a la operación estadounidense. El llamado “número dos” del chavismo y ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, habló de una campaña de “acoso”, mientras que la chavista Delcy Rodríguez instó a trabajadores petroleros a permanecer en “alerta permanente”.
La dictadura venezolana habló sobre supuestos planes de sabotaje contra instalaciones energéticas, incluidos ataques con explosivos.
Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional.
Para Washington, el régimen de Venezuela se ha convertido en un nodo central de esas redes.
(Con información de EFE)