El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, sostuvo que las recientes liberaciones de presos políticos son un acto propagandístico que no brinda garantías reales de libertad y perpetúa la inseguridad jurídica de quienes han sido excarcelados.
Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité, afirmó en declaraciones a NTN24 que los excarcelados “fueron liberados con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes electrónicos”. Moreno señaló que esta situación convierte a los afectados en “rehenes”, ya que no hay una modificación sustancial en sus circunstancias.
Además, denunció la opacidad en la elaboración de las listas de excarcelación y advirtió que el propósito del régimen de Nicolás Maduro es “simular una normalidad que no existe”, sin aclarar quién decide o bajo qué criterios se otorgan las libertades.
“Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen les ha dado un acuerdo un poco más largo. Esto para simular una normalidad que no existe, pero también hay que decir que siempre ha sido un enigma quién y cómo, bajo qué criterio se elaboran esas listas de liberaciones. No lo sabemos”, señaló Moreno, quien al mismo tiempo recordó que todavía hay detenidos menores de edad en las cárceles de la dictadura chavista.
Por su parte, el presidente electo Edmundo González Urrutia remarcó que quienes recuperaron la libertad lo hicieron sin obtener “libertad plena”, y que la justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia constante. González Urrutia consideró que las personas excarceladas permanecen bajo procesos abiertos, vigilancia y amenazas, y destacó que la verdadera solución pasa por garantizar “libertad plena y cierre de causas” a quienes sean liberados.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), este tipo de excarcelaciones no configura un gesto de benevolencia, sino que responde a la presión constante de familiares y organizaciones, y reiteró que los afectados nunca debieron haber estado privados de libertad.
González Urrutia recalcó que la excarcelación no equivale a una liberación real, ya que subsisten restricciones que mantienen a los afectados bajo vigilancia constante y en estado de amenaza. Organizaciones de derechos humanos y familiares han advertido que la ausencia de una amnistía general o de cierre definitivo de los procesos hace que quienes quedaron en libertad continúen siendo utilizados como “instrumentos” de presión política.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció la liberación de 99 personas, en su mayoría detenidas tras las protestas por el fraude electoral perpetrado por el dictador Maduro en 2024. Sin embargo, hasta el viernes, no se había publicado la lista oficial, lo que ha impedido corroborar el total de excarcelados. Las ONG Foro Penal, Justicia y Encuentro y Perdón informaron que solo pudieron confirmar entre 45 y 63 liberaciones, muy por debajo del número oficial. El Clipp reportó 63 casos, mientras que Foro Penal confirmó 45. Ante esta falta de transparencia, las agrupaciones han insistido en la publicación íntegra del listado y en la necesidad de claridad sobre los criterios utilizados.
Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, las personas liberadas estuvieron recluidas en el penal de Tocorón (Aragua), el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida (Miranda) y centros para menores en La Guaira. Orlando Moreno estimó que, de los más de 1.000 rehenes políticos que calcula en Venezuela, “solo han salido aproximadamente 70” en el mes, lo que evidencia la persistencia de un problema de fondo.
González Urrutia insistió en que la paz y la reconciliación nacional solo serán posibles si hay garantías plenas y cierre de procesos para todos los detenidos, rechazando la instrumentalización de la libertad y la dignidad humana en el ámbito político. Tanto el Comité de Madres como el Clipp valoraron positivamente las liberaciones, pero advirtieron que no modifican la situación estructural de represión y que la “injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
El Clipp denunció que los liberados fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y vulneraciones al derecho a la defensa y el debido proceso. Tanto ONG como familias mantienen sus reclamos públicos, insistiendo en la insuficiencia de la medida y en la necesidad de una amnistía general y garantías efectivas para quienes siguen privados de libertad.
Según Vente Venezuela y quienes acompañan a María Corina Machado, la reciente medida del régimen chavista responde a la presión interna y al costo político creciente de mantener a personas inocentes en prisión, y pone de manifiesto que los problemas de fondo subsisten mientras no se adopten reformas estructurales y liberaciones plenas.