Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron este lunes por un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones europeas impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a raíz de la crisis generada en el país por la imposición del modelo chavista. La decisión se tomó en la reunión celebrada en Bruselas, en respuesta a las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, según indicó el Consejo de la UE, que agrupa a los Estados miembros.
Las sanciones afectan actualmente a 69 individuos, quienes están sujetos a la congelación de sus activos y tienen prohibido recibir fondos o recursos económicos, tanto de manera directa como indirecta. Además, no pueden viajar ni transitar por territorio comunitario. El régimen de sanciones, implementado en noviembre de 2017, incluye un embargo de armas y equipos que pudieran usarse para represión interna, así como restricciones dirigidas a miembros clave del régimen de Nicolás Maduro, responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia.
Según el Consejo de la UE, el objetivo de estas medidas es “apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela”. La institución señaló que estas acciones no están diseñadas para afectar a la población venezolana ni a la economía del país: “La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, afirmó en un comunicado oficial.
El organismo comunitario destacó que el levantamiento de las sanciones dependerá de “progreso tangible en los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.
Las decisiones recientes incluyen la ampliación de personas sancionadas en enero de 2025, así como la inclusión de Venezuela en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiación del terrorismo, según una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en el verano de este año. En periodos anteriores, la UE había suspendido parcialmente las sanciones –con carácter temporal– sobre algunos funcionarios del CNE para promover elecciones presidenciales libres en julio de 2024, pero, tras los comicios y ante la ausencia de avances, la posición europea ha endurecido su postura restrictiva.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, declaró la semana pasada en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que “Maduro carece de legitimidad” y expresó que la UE mantiene comunicación con representantes de la oposición y respalda los esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, insistiendo en la necesidad de respetar el Derecho Internacional en cualquier medida adoptada. Kallas aseguró que la situación actual en Venezuela es de “completo caos” y remarcó que “las reglas simplemente no se aplican”, defendiendo la necesidad de actuar conforme al marco legal internacional.
En el contexto internacional, Estados Unidos ha mantenido un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela y ha realizado en los últimos meses ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, operaciones en las que han muerto más de ochenta personas.