Esta semana, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, explicó en Oslo que el reconocimiento recibido correspondía a “todos los venezolanos” que hoy se enfrentan a una guerra declarada por parte de Nicolás Maduro. Machado argumentó cómo la dictadura chavista se valió del apoyo de regímenes como los de Cuba, Rusia e Irán, y de “organizaciones criminales como Hamas y Hezbollah”. Sostuvo que “así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”. También señaló que los recursos petroleros del país eran utilizados para “la persecución política y la tortura”, hechos investigados por mecanismos internacionales como posibles crímenes de lesa humanidad. Consultada por la posibilidad de una intervención militar, indicó que la sociedad venezolana ha apostado por una transición “en orden y paz”, que ha sido entorpecida sistemáticamente por el chavismo.
Durante más de dos décadas, distintos gobiernos y actores internacionales aliados y beneficiarios del chavismo afirmaron que la crisis venezolana debía resolverse “entre venezolanos”, sin presión externa, guardando así un silencio cómplice frente a las violaciones constitucionales y de derechos humanos que se perpetraron en el país caribeño. Esa posición se consolidó en foros multilaterales y comunicados oficiales, limitando el margen de acción diplomática y restringiendo la capacidad de la sociedad civil para activar mecanismos internacionales de protección.
En febrero de 2019, el representante permanente de China ante Naciones Unidas, Ma Zhaoxu, afirmó que su país rechazaba cualquier forma de intervención extranjera y que “los asuntos de Venezuela deben ser decididos por el propio pueblo venezolano”, según Xinhua y los registros del Consejo de Seguridad. Rusia expresó la misma línea: entre 2019 y 2021, el canciller Sergei Lavrov sostuvo que las sanciones y presiones externas buscaban “forzar cambios de poder”. Cuba, mediante comunicados de su canciller Bruno Rodríguez, reiteró el principio de “respeto a la soberanía venezolana” y rechazó pronunciamientos internacionales. En la región, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador adoptaron siempre posiciones grises y evitaron críticas directas al régimen venezolano.
En paralelo, organismos internacionales documentaron el deterioro progresivo de la institucionalidad venezolana. Informes de la ONU, la OEA, HRW y Amnistía Internacional registraron, desde mediados de los años 2000, la erosión de la independencia judicial, el cierre del espacio cívico, el uso político de la Fuerza Armada y el avance del control estatal sobre medios, instituciones electorales y administración pública. A partir de 2014, estos organismos reconocieron patrones de represión sistemática, con detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. ACNUR y la OIM estimaron más de 7,7 millones de migrantes y refugiados para 2024, una de las diásporas más grandes de la región.
La siguiente cronología reconstruye las 21 principales ocasiones en las que el antichavismo y la sociedad civil intentaron abrir una salida democrática, y cómo cada intento fue bloqueado por un aparato estatal que se ha cohesionado, militarizado y desarrollado la capacidad de revertir o neutralizar cualquier avance:
1. Ley de la Constituyente y reorganización del Estado (1999–2000)
En 1999, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) constituyó el primer paso hacia un modelo político centrado en la concentración del poder ejecutivo en Venezuela. Según informes recogidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el análisis de organismos multidisciplinarios, la ANC fue electa con la encomienda de redactar una nueva Constitución, pero se proclamó por encima de todas las instituciones estatales, anulando así el rol del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
La Constitución de 1999, sometida a referendo popular, introdujo cambios significativos, como la creación de los Poderes Ciudadano y Electoral y el rebautizo del país. Las elecciones denominadas “megaelecciones” en 2000 permitieron la reelección de Hugo Chávez y un control total sobre el Ejecutivo y Legislativo, consolidando la subordinación institucional de los demás poderes bajo aliados del gobierno.
Durante este proceso, los partidos opositores, principalmente Acción Democrática (AD) y Copei, intentaron denunciar irregularidades y activar recursos legales ante la Corte Suprema. Sin embargo, la proclamación de poder originario de la ANC y el respaldo popular neutralizaron la resistencia de la oposición y debilitaron sus posibilidades de acción efectiva. Las reformas incluyeron la ampliación de funciones de la Fuerza Armada Nacional, que ganó mayor injerencia en asuntos políticos y sociales.
2. 11 de abril de 2002: ruptura y retorno
El 11 de abril de 2002 marcó una ruptura institucional cuando sectores de la oposición y parte del alto mando militar anunciaron el cese de funciones de Chávez y la asunción de Pedro Carmona como jefe provisional. Sin embargo, menos de 48 horas después, fuerzas leales y movimientos populares lograron el retorno de Chávez al poder, afianzando su control sobre la estructura estatal.
La reacción internacional fue convocar al restablecimiento de la institucionalidad democrática. Las consecuencias inmediatas incluyeron un incremento en la polarización política y el fortalecimiento de la alianza entre el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Dicho episodio dejó un precedente en cuanto al uso del aparato militar como puntal del poder presidencial y validó la respuesta represiva ante crisis de gobernabilidad. El quiebre institucional agudizó el enfrentamiento entre el oficialismo y sus detractores, marcando el inicio de una política sistemática de represión, descrita posteriormente por organismos internacionales como una constante en los años siguientes.
3. Paro petrolero y despidos masivos en PDVSA (2002–2003)
El paro cívico y petrolero desarrollado entre 2002 y 2003 paralizó temporalmente la infraestructura energética nacional. Diversas fuentes, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relataron cómo el gobierno de Hugo Chávez respondió despidiendo, de forma pública y masiva, a miles de trabajadores de PDVSA, principal empresa estatal petrolera.
La medida fue ejecutada directamente por Chávez en transmisiones televisivas, donde utilizó un silbato y gritos para cesar a empleados señalados de participar en el paro. Organizaciones como HRW documentaron la pérdida de derechos laborales, antigüedades y la imposibilidad de reincorporación mediante recurso judicial, en lo que consideraron un proceso discriminatorio vinculado a motivaciones políticas.
Posterior al paro, el gobierno restructuró radicalmente la industria petrolera eliminando cargos técnicos y consolidando el control político. La militarización de puestos clave en PDVSA, según informes independientes del Foro Penal y la OEA, marcó el inicio de la intervención militar en la economía venezolana y debilitó cualquier resquicio opositor en la administración pública.
4. Referendo revocatorio de 2004
La oposición venezolana afrontó obstáculos legales para impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. El proceso, supervisado por un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señalados como parciales, estuvo afectado por la ausencia de una ley específica y la imposición de reglas administrativas que dilataron y entorpecieron la validación de firmas.
Dicha situación generó la anulación de firmas y exigió verificaciones adicionales, mientras la automatización del voto mediante una empresa cercana al régimen chavista elevó las sospechas de fraude. Herramientas como la “Lista Tascón” sirvieron para identificar a los firmantes y generar represalias laborales, limitando la participación ciudadana, según denuncias documentadas por la OEA y la ONU.
El referendo realizado el 15 de agosto de 2004 otorgó la victoria oficial a Chávez con el 59,25% de los votos. El resultado fue validado por observadores del Centro Carter y otras entidades, aunque opositores insistieron en señalar irregularidades. El fracaso en revertir la permanencia presidencial mediante vías institucionales reforzó el dominio oficialista y debilitó la moral opositora.
5. Reelección de 2006, reforma y cierre de RCTV (2007)
Luego de la incapacidad opositora para enfrentar las elecciones legislativas de 2005, Chávez resultó reelegido en 2006. En 2007 impulsó una reforma constitucional que pretendía formalizar la reelección indefinida; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la ciudadanía en referendo que significó la primera derrota electoral de Hugo Chávez desde su llegada al poder.
Ese mismo año, el gobierno decidió no renovar la licencia de transmisión de RCTV, uno de los principales canales de señal abierta. El hecho fue denunciado como un atentado contra la libertad de expresión y un giro en el control mediático estatal. La cancelación generó rechazo internacional y mostró la capacidad del Ejecutivo para limitar la información y acallar el disenso interno.
A pesar de esta derrota en las urnas, en 2009 Chávez logró aprobar la reelección indefinida a través de una enmienda constitucional votada en referéndum. La oposición, debilitada institucionalmente y restringida en el acceso a medios de comunicación, no logró evitar la consolidación de un esquema que permitiría la perpetuidad presidencial.
6. Protestas estudiantiles de 2009
Las protestas estudiantiles se intensificaron en 2009 como resultado de la disminución presupuestaria impuesta a las universidades venezolanas y la violencia denunciada por la comunidad académica. La reducción de fondos, congelados desde 2005, provocó la reacción inmediata de estudiantes y profesores.
Durante enero fallecieron dos jóvenes en el estado Mérida, lo que catalizó manifestaciones, huelgas de hambre y acciones tendientes a visibilizar la situación ante organismos internacionales. La OEA recibió una delegación estudiantil tras constantes solicitudes y denuncias de represión policial y falta de garantías para la protesta pacífica.
Estas protestas coincidieron con el debate y aprobación de la enmienda constitucional que habilitó la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. El movimiento estudiantil se posicionó como actor clave articulando acciones en rechazo tanto al recorte como a la ampliación de poderes presidenciales. Aunque las movilizaciones obtuvieron resonancia mediática y respaldo internacional, la reforma fue aprobada y las demandas del movimiento no lograron revertir el avance del chavismo en las instituciones.
7. Ley Habilitante y mayor concentración de poder (2010)
En diciembre de 2010 la Ley Habilitante concedió a Hugo Chávez poderes para legislar por decreto durante dieciocho meses con el argumento de la emergencia causada por lluvias e inundaciones. La medida fue avalada por la Asamblea saliente dominada por el oficialismo, e intentaba frenar el envión de la nueva legislatura con representación mayoritariamente opositora recién electa y que no había asumido funciones.
El decreto facultó al Ejecutivo para dictar leyes en múltiples ámbitos, eliminando el control regular del Parlamento. El resultado fue una profundización de la centralización y una reducción de los contrapesos democráticos, lo que favoreció la consolidación de poderes en torno a la figura presidencial.
La acumulación de atribuciones por medio de instrumentos como la Ley Habilitante fue denunciada nacional e internacionalmente como un factor de transición hacia el modelo autocrático, debilitando la posibilidad de debate y fiscalización legislativa. Las decisiones adoptadas bajo este marco legal se tradujeron en normativas de alto impacto social, político y económico, que limitaron severamente la acción opositora.
8. Expropiaciones y reconfiguración económica (2005–2012)
El ciclo que abarca desde 2005 hasta 2012 fue testigo de un programa de expropiaciones formalizado bajo la justificación de instaurar un modelo productivo socialista. Se estima que el chavismo decretó la adquisición forzosa de unas 1.200 empresas por parte del Estado, agudizando la dependencia de los recursos públicos y generando dificultades económicas que tendrían sus mayores consecuencias en los años siguientes.
Las respuestas opositoras recurrieron a recursos legales y protestas, señalando contradicciones con los principios constitucionales de propiedad privada. No obstante, la ocupación institucional por parte de autoridades oficiales limitó la efectividad real de cualquier reclamo, tal como certificaron informes parlamentarios y ONG independientes.
La movilización de trabajadores afectados, empresarios y agricultores logró captar atención internacional, pero fue contenida por el aparato policial y judicial alineado con el Ejecutivo. El avance del proyecto expropiador resultó en una disminución de la inversión privada y en una mayor presencia militar en la economía, con mandos militares incorporándose a la dirección empresarial estatal.
9. Avances opositores y estructuras paralelas (2008–2012)
Entre 2008 y 2012, la oposición tuvo logros electorales notables, logrando el control de estados estratégicos y la Alcaldía Mayor de Caracas. La elección de gobernadores y alcaldes opositores fue vista entonces como un indicio de aperturas institucionales para la alternancia.
La respuesta del régimen encarnado aún en Hugo Chávez vino en la forma de recentralización y creación de estructuras administrativas paralelas. Competencias esenciales como la administración de servicios públicos y recursos financieros fueron traspasadas a ministerios o entes controlados directamente por el Ejecutivo, desplazando a las autoridades electas por voto popular.
El Tribunal Supremo de Justicia validó legalmente la transferencia de atribuciones y la creación de organismos paralelos, evidenciando así la limitada capacidad de gestión real de los funcionarios opositores. Este esquema, documentado por medios internacionales y analizado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, implicó un vaciamiento efectivo de las victorias democráticas en el ámbito regional y municipal.
10. Última elección de Chávez y ascenso de Maduro (2012–2013)
El periodo 2012–2013 estuvo marcado por la última reelección de Hugo Chávez, cuya salud en deterioro fue minimizada en campaña. La evidente ventaja oficialista y el uso de recursos públicos resultaron en un 55% de los sufragios a su favor. Las denuncias opositoras sobre manipulación institucional quedaron consignadas en el escrutinio internacional y sin efectos dentro del país.
Tras el fallecimiento de Chávez, el TSJ permitió la asunción total de poderes por parte de Nicolás Maduro, una interpretación constitucional rechazada por la oposición y considerada irregular por diversas ONG. La convocatoria anticipada de elecciones derivó en la primera victoria ajustada de Maduro sobre Henrique Capriles, en medio de protestas por falta de auditoría integral del proceso.
El Consejo Nacional Electoral, con mayoría chavista, validó el resultado sin atender completamente las exigencias de revisión total. Las limitaciones estructurales y la parcialidad denunciadas por la oposición pasaron a fortalecer aún más el aparato estatal chavista.
11. Protestas de 2014
Las protestas de 2014 fueron desencadenadas por el agravamiento de la crisis social, caracterizadas por la inseguridad, inflación y escasez. El movimiento estudiantil y la oposición lideraron las movilizaciones, enfrentando una respuesta estatal definida por el uso excesivo de la fuerza, tal cual documentó el Foro Penal Venezolano.
El saldo fue de al menos 43 muertos —según la OEA—, centenares de heridos y aproximadamente 3.000 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con relatos de tortura, abuso sexual y allanamientos sin orden judicial, de acuerdo con Amnistía Internacional. Organizaciones señalaron la complicidad entre fuerzas del orden y colectivos armados oficialistas.
Las principales figuras opositoras, como Leopoldo López y María Corina Machado, sufrieron persecución e inhabilitación. López fue condenado tras un proceso judicial señalado por falta de garantías, mientras Machado fue destituida y acosada judicialmente, episodios analizados por la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
12. 2015: victoria legislativa y anulación del Parlamento
El 6 de diciembre de 2015, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo que en teoría permitiría promover cambios estructurales. Sin embargo, el TSJ alineado con el oficialismo comenzó de inmediato a bloquear la agenda parlamentaria, declarando desde sus primeras acciones el “desacato” del Poder Legislativo.
El conflicto inició tras la impugnación de diputados indígenas y la jura de estos, momento desde el cual todas las leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento fueron anulados por el TSJ. El Tribunal conformado por magistrados cercanos al chavismo asumió de facto todas las competencias legislativas.
De 2016 a 2017, la Sala Constitucional invalidó prácticamente toda la actividad de la Asamblea, incluyendo la Ley de Amnistía y propuestas de referendo revocatorio. En marzo de 2017 el TSJ asumió total control, desplazando cualquier posibilidad de balance de poderes y de acceso institucional de la oposición.
13. Intento de referendo revocatorio (2016)
En 2016 se intentó nuevamente activar un referendo revocatorio contra Maduro. La MUD logró recolectar 1,85 millones de firmas, superando el 1% legalmente requerido, pero el CNE impuso trámites adicionales y retrasos que dilataron el proceso.
Pocos días antes del inicio formal de la segunda fase, tribunales penales regionales anularon la validez de la primera fase por presunto fraude. La decisión fue acatada por el CNE y ratificada judicialmente, suspendiendo indefinidamente el proceso y negando la ruta institucional para una consulta nacional.
Las apelaciones y recursos legales de la oposición no consiguieron reactivar el referendo. El episodio reveló la consolidación del aparato partidista dentro de las instituciones y el bloqueo sistemático de la vía constitucional de la revocatoria.
14. 2017: protestas y Asamblea Nacional Constituyente
Durante 2017 las protestas se intensificaron tras la decisión del TSJ de asumir competencias de la Asamblea y el agravamiento de la crisis económica. Según la Fiscalía venezolana, las protestas dejaron 121 muertos, aunque organismos internacionales como la ONU elevaron las cifras y denunciaron uso excesivo de la fuerza y detenciones masivas.
En paralelo, Maduro promovió la constitución de una nueva ANC sin referendo consultivo previo. Las elecciones para elegirla, celebradas el 30 de julio, fueron señaladas por la empresa Smartmatic —encargada del sistema de votación— y la propia oposición como manipuladas y carentes de transparencia. La ANC, integrada únicamente por oficialistas, asumió atribuciones plenas y desplazó al Parlamento.
Más de 40 países desconocieron la legitimidad de la ANC, junto a la OEA y la Unión Europea. El proceso acentuó el aislamiento diplomático y la ruptura del orden democrático en Venezuela, según los análisis de la Misión Internacional Independiente de la ONU.
15. 2017–2018: crisis económica y ola migratoria
Desde 2017 la economía venezolana entró en hiperinflación, con tasas superiores al 2.000% anual, mientras la producción petrolera se desplomaba, de acuerdo con datos de la OIM y la ACNUR. La escasez, el colapso de servicios y una contracción de casi el 50% del PIB generaron protestas a gran escala.
Se documentó un éxodo estimado de más de tres millones de personas entre finales de 2017 y 2018. Según información de la ONU, los migrantes buscaron refugio principalmente en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, convirtiendo el fenómeno en la mayor diáspora de la región. Los intentos opositores de intervenir en la gestión de la crisis se vieron frustrados por su destitución de competencias institucionales.
La oposición optó por denunciar internacionalmente el contexto, logrando originar acciones diplomáticas como la conformación del Grupo de Lima y la imposición de sanciones internacionales, reportadas por la OEA y órganos multilaterales. No obstante, la injerencia limitada no logró frenar la crisis humanitaria ni revertir la ola migratoria.
16. Elección presidencial sin garantías (2018)
El 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales bajo condiciones catalogadas de ausencia de garantías. La mayoría de los partidos opositores se abstuvo por considerarlas viciadas y sin competencia real, pues líderes como Henrique Capriles y Leopoldo López estaban inhabilitados judicialmente.
La convocatoria y cronograma electoral dificultaron la organización opositora. El uso de recursos públicos en la campaña y la presencia de “puntos rojos” en centros de votación para registrar a portadores del “Carnet de la Patria” fueron documentados por organismos internacionales como mecanismos de coacción. La falta de observación internacional independiente limitó la credibilidad del resultado.
El proceso electoral fue desconocido tanto por la Unión Europea como por la OEA y Estados Unidos. La reelección de Maduro generó una deslegitimación adicional de las instituciones venezolana y cerró de nuevo el camino de la alternancia por la vía electoral.
17. 2019: presidencia encargada y 30 de abril
La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019 fue respaldada en cuestión de días por más de 50 países. La oposición alegó que la reelección de Maduro, carente de garantías, constituía una usurpación del poder. Organizaciones como la OEA y la Unión Europea apoyaron diplomáticamente a Guaidó.
El 30 de abril, Guaidó, acompañado de Leopoldo López y un grupo militar minoritario, intentó un alzamiento denominado “Operación Libertad” cerca de la base aérea La Carlota. El llamado no encontró eco en la cúpula militar, que se mantuvo fiel al régimen. Las jornadas posteriores se caracterizaron por enfrentamientos y detenciones.
No obstante, la represión aceleró la emergencia humanitaria y migratoria. Organizaciones como la ONU y Human Rights Watch documentaron miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Solo entre enero y mayo de 2019, la ONU reportó unas 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales y una migración de más de cinco millones de venezolanos.
18. 2020–2022: legislativas sin oposición principal y diálogos
Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 se celebraron sin la participación de la Plataforma Unitaria ni de los principales partidos opositores, que denunciaron manipulación judicial de sus siglas. El Gran Polo Patriótico obtuvo la totalidad de la Asamblea con una participación reportada del 42%, que no fue reconocida por la OEA ni la Unión Europea.
En este contexto, la oposición perdió la legitimidad internacional de la presidencia encargada. Durante 2021 y 2022 se intentaron negociaciones en México, con mediación de Noruega, Rusia y Países Bajos. Si bien se alcanzaron acuerdos parciales, la extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a EEUU provocó el retiro de los representantes de la dictadura venezolana de la mesa.
El breve retorno al diálogo en 2022 resultó en la firma de un fondo fiduciario manejado por la ONU para programas sociales, pero los avances se detuvieron permanentemente. Las condiciones electorales y la liberación de presos políticos quedaron irresueltas, según la ONU y HRW.
19. Diálogos fallidos y confrontación política (2023–2025)
Durante este periodo, nuevos intentos de negociación fueron impulsados, con la firma en Barbados de un acuerdo parcial para “condiciones electorales” en las presidenciales de 2024. Sin embargo, la negativa a restituir los derechos políticos de María Corina Machado, vencedora en las primarias opositoras, llevó a la congelación de las conversaciones y a sanciones adicionales de EEUU.
El ambiente político se deterioró aún más con el incremento de detenciones arbitrarias y la persecución de equipos de campaña opositores. Los reportes de estos hechos documentaron el empleo sistemático de inhabilitaciones judiciales y desapariciones forzadas, confirmando que las garantías judiciales seguían ausentes.
Las instituciones nacionales se vieron incapaces de proveer condiciones para la competencia política. Los organismos internacionales coincidieron en que la solución al cierre democrático debía venir del exterior, ante la cooptación total del sistema judicial venezolano.
20. Primarias opositoras e inhabilitaciones (2023)
En octubre de 2023 la Plataforma Unitaria organizó primarias autogestionadas, sin intervención del CNE. Más de 2,3 millones de personas participaron, pese a bloqueos y cierres arbitrarios de centros de votación. María Corina Machado obtuvo más del 90% de los votos, pero la jornada fue seguida por declaraciones del régimen descalificando su legitimidad.
La inhabilitación de Machado, originalmente impuesta en 2021 y ratificada por el TSJ en 2024, impidió su postulación a la presidencia, contradiciendo compromisos previos en el diálogo internacional. Además, se incrementaron las detenciones y persecución contra miembros de su equipo.
Los más importantes organismos internacionales señalaron que el uso sistemático de inhabilitaciones y acciones judiciales ha sido la herramienta principal para excluir a la disidencia política en Venezuela, neutralizando cualquier avance electoral logrado por la oposición.
21. 2024: elección presidencial y represión posterior
Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el CNE declaró como ganador a Maduro sin mostrar las actas de votación que avalaran esos resultados se desató una serie de manifestaciones en el país que fueron cruelmente reprimidas por las fuerzas del régimen. Amnistía Internacional reportó más de 2.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos y episodios de violencia que podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales. El Foro Penal documentó unas 1.900 personas detenidas, incluidos 129 menores de edad, y la Misión Internacional de la ONU advirtió sobre prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En 2025, Human Rights Watch y otros organismos informaron la continuación de los patrones represivos, incluyendo la operación denominada “Tun Tun”, asociada a arrestos masivos y persecución de críticas. El Foro Penal elevó a cerca de 18.000 los arrestos por motivos políticos desde 2014, incluyendo adolescentes, y Amnistía Internacional documentó casos de desapariciones forzadas sistemáticas.
Las acciones opositoras, que reivindicaban el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia con las actas de votación publicadas y difundidas en todo el mundo, fueron contrarrestadas por un aparato estatal cohesionado, apoyado por los cuerpos de seguridad, militares y la administración de recursos estratégicos. Según la OEA y la ONU, el proceso resultó en la clausura permanente de las vías de alternancia política y judicial interna, dejando a la sociedad venezolana sin canales efectivos para una transición democrática.
La secuencia histórica evidencia que la sociedad venezolana recurrió de forma reiterada a los recursos institucionales con el propósito de frenar la consolidación del poder estatal. A pesar de movilizaciones ciudadanas y victorias electorales opositoras, estos intentos no lograron revertir el cierre político. Informes de organismos internacionales corroboran que el proceso represivo superó la capacidad de resolución interna en Venezuela.
Entre los ejemplos registrados, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expuso la falta de independencia judicial y el uso de inhabilitaciones políticas contra figuras opositoras, como en el caso de María Corina Machado. Estas prácticas, adoptadas sin procesos judiciales imparciales, vulneran las normas internacionales y restringen la competencia política. Paralelamente, la Organización de los Estados Americanos señaló la anulación de funciones de la Asamblea Nacional a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, lo que significó una ruptura del orden constitucional y una transferencia de competencias al poder ejecutivo.
Human Rights Watch consignó que, pese a la magnitud de las protestas sociales en distintos años, la respuesta estatal fue la represión y el uso de instancias judiciales tanto militares como ordinarias para perseguir la disidencia. Esta misma semana, Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron señalados por cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos durante más de una década, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por la ONU.
Este cierre de las vías institucionales y judiciales fortaleció la consolidación gubernamental y limitó seriamente la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución interna para enfrentar la crisis política que hoy lleva a la oposición al chavismo a exigir el respaldo de las democracias del mundo para la restitución de las libertades perdidas en Venezuela.