La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes lo que describió como una “política de abandono” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los centros de detención de Venezuela.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la ONG alertó sobre las condiciones que enfrentan miles de personas privadas de libertad, caracterizadas por el hacinamiento extremo, la falta de agua potable, la inexistencia de ventilación, la escasez de alimentos y la ausencia total de atención médica.
“Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono”, subrayó la organización, al tiempo que exigió que se garanticen condiciones humanas para los reclusos.
La denuncia se focaliza en la utilización de calabozos policiales como centros de reclusión prolongada, pese a que, de acuerdo con la legislación venezolana, esos espacios solo están destinados a detenciones preventivas por un máximo de 48 horas. El OVP sostuvo que, en la práctica, miles de detenidos permanecen en esos espacios durante semanas, meses e incluso años, lo cual representa una violación flagrante a los derechos humanos y una prueba del colapso del sistema penitenciario del país.
El comunicado también llama la atención sobre el papel que se ve obligado a asumir el entorno familiar de los presos. Según la organización, son los familiares quienes deben suplir las carencias estatales: deben llevar comida, agua, medicamentos y productos de higiene personal, muchas veces expuestos a situaciones de extorsión por parte de funcionarios o a pernoctar durante días frente a las estaciones policiales bajo condiciones denigrantes. El OVP describe este escenario como un castigo indirecto, en el que el sufrimiento se extiende más allá de los muros de las celdas para alcanzar a los círculos cercanos a los reclusos.
Además, la ONG denunció que muchos de los detenidos enfrentan procesos judiciales marcados por el retardo procesal, quedando atrapados en un “limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa”. Esto vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la prisión preventiva en una pena anticipada, injusta y sin sustento legal. En este contexto, el OVP hizo un llamado urgente a implementar medidas concretas, entre ellas el cierre inmediato de los calabozos utilizados como espacios de detención prolongada y el cumplimiento de las normas internacionales sobre el trato a las personas privadas de libertad.
La situación descrita por el OVP guarda similitudes con la denuncia presentada recientemente por la ONG Fundaredes, que acusó al régimen venezolano de someter a su director, Roger Pacheco, a una “condena anticipada”, tras haber pasado casi cuatro años detenido sin una sentencia firme.
Estos casos, advierten las organizaciones de derechos humanos, forman parte de un patrón de violaciones sistemáticas, donde la detención se convierte en un instrumento de control y represión, y el colapso del sistema judicial y penitenciario se traduce en la institucionalización del sufrimiento.
La política penitenciaria en Venezuela ha sido objeto de múltiples informes internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han emitido advertencias sobre las condiciones inhumanas de reclusión y la ausencia de garantías judiciales. La persistencia de estas prácticas, pese a las reiteradas alertas, fortalece la tesis de que no se trata de una falla aislada sino de un modelo sistemático de gestión del castigo, donde los derechos básicos son ignorados de manera deliberada.
El Observatorio Venezolano de Prisiones concluyó su denuncia con un llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de derechos humanos a no normalizar esta situación. “No se trata solo de cárceles colapsadas, sino de vidas humanas en condiciones infrahumanas, atrapadas en un sistema que castiga sin juicio y encarcela sin salida”, expresó la organización.
(Con información de EFE)