El precio del dólar en el mercado oficial de Venezuela superó este miércoles por primera vez los 100 bolívares, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). La divisa estadounidense, que se ha consolidado como referencia para fijar precios y salarios en el país, cerró en 100,33 bolívares, lo que representa un incremento de 0,64 bolívares respecto al martes, cuando se ubicó en 99,69.
Este aumento se produce tras un mes de junio marcado por una progresiva depreciación del bolívar, que inició el mes en 97,31 unidades por dólar. Con ello, la moneda local ha perdido un 3,1% de su valor en apenas once días. La tendencia se agudiza si se analiza el comportamiento en lo que va del año: el tipo de cambio ha subido un 90,85% desde enero, cuando el dólar se cotizaba a 52,57 bolívares, lo que equivale a una devaluación del 47,60%.
El deterioro del valor del bolívar tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los venezolanos, en particular de los trabajadores del sector público y los pensionados, quienes perciben ingresos en moneda local. El salario mínimo y la pensión, fijados en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, equivalen hoy a apenas 1,29 dólares al tipo de cambio oficial.
Aunque el régimen complementa estas remuneraciones con bonificaciones en dólares —como el bono de alimentación de 40 dólares y el llamado “ingreso de guerra económica”, recientemente incrementado de 90 a 120 dólares— estos pagos no tienen incidencia en cálculos para prestaciones sociales ni pensiones futuras.
Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una persona necesita al menos 100,74 dólares mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, un umbral muy por encima de lo que percibe un trabajador promedio en el país caribeño.
El encarecimiento del dólar incide directamente en la inflación, que en mayo cerró en 26%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un organismo independiente conformado por economistas y exdiputados. El dato representa una aceleración de 7,6 puntos respecto a abril (18,4%). La principal causa, de acuerdo con el OVF, fue precisamente el alza del dólar, que subió un 25% solo en ese mes.
Este comportamiento ha reactivado una dinámica que había dado señales de estabilidad a mediados del año pasado: la coexistencia de múltiples tasas cambiarias, incluyendo la “tasa paralela”, que se calcula con base en el valor del dólar en el mercado informal, y que suele ser superior al tipo de cambio oficial del BCV. A pesar de que los comercios están legalmente obligados a usar la cotización oficial, el uso de referencias alternativas es común en operaciones cotidianas.
El régimen de Nicolás Maduro ha intentado restringir la circulación de este tipo de información. A finales de mayo, el fiscal general Tarek William Saab anunció la detención del supuesto administrador de una cuenta en redes sociales que publicaba la cotización del dólar paralelo, acusándolo de atentar contra la estabilidad económica.
Pese a que el bolívar sigue siendo la moneda de curso legal, el dólar estadounidense —e incluso el euro en ciertas zonas fronterizas o en operaciones comerciales internacionales— ha ganado terreno como unidad de cuenta y medio de pago, una práctica que se profundizó durante el periodo de hiperinflación entre 2017 y 2021.
Este fenómeno ha configurado en Venezuela un esquema bimonetario de facto, con importantes consecuencias distributivas: mientras un sector de la población accede a ingresos en divisas y puede enfrentar mejor la inflación, amplios sectores —especialmente empleados públicos, pensionados y trabajadores informales— sufren una precarización progresiva de sus condiciones de vida.
Críticas desde Bruselas
En paralelo, el país enfrenta nuevas tensiones en el plano internacional. El miércoles, el régimen venezolano calificó como “absurda y ridícula” su inclusión en la lista de la Unión Europea de países con riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que podría implicar mayores restricciones financieras para instituciones que operan con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería denunció lo que considera una “politización de mecanismos multilaterales” y una acción “injustificada”.
La medida de Bruselas agrava el panorama financiero del país en un contexto de inestabilidad económica interna y creciente aislamiento. A pesar de algunos gestos de apertura económica desde 2019, Venezuela continúa lidiando con severas restricciones externas, desconfianza institucional y una frágil recuperación.
(Con información de EFE)