La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció el miércoles el respaldo de 13 países que, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), demandaron la “concesión inmediata” de salvoconductos para seis opositores al régimen de Nicolás Maduro que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, que es custodiada por Brasil.
“Agradecemos a los Gobiernos democráticos de las Américas que se suman al pedido de salvoconductos, cuanto antes, así como al respeto a las instalaciones diplomáticas”, expresó Machado a través de la red social X.
La ex diputada también exigió el restablecimiento “urgente” del servicio eléctrico y acceso a “servicios elementales” en la residencia diplomática.
Desde el 23 de noviembre, los opositores refugiados en la sede denunciaron un “asedio policial” intensificado en las inmediaciones de la embajada. La representación diplomática argentina en Caracas permanece bajo la protección de Brasil desde agosto pasado, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos.
Sin embargo, en septiembre, el régimen venezolano revocó la autorización de custodia, acusando a los asilados de planear actos terroristas.
Este miércoles, el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, presentó una declaración respaldada por las delegaciones de 13 países, incluidos Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Los firmantes subrayaron la necesidad de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el derecho de asilo diplomático conforme a los tratados interamericanos.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, aseguró que su gobierno está negociando con las autoridades venezolanas para facilitar la emisión de los salvoconductos.
Vieira advirtió que cualquier incumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas representaría una “grave violación del derecho internacional”.
Familiares de presos políticos pidieron la intervención de la Iglesia Católica
En paralelo, este miércoles un grupo de familiares de presos políticos entregó una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitando su intervención para la liberación de detenidos, tanto en el contexto electoral como en casos previos.
El documento denuncia condiciones “inhumanas” y “encarcelamientos injustos” que, según los firmantes, vulneran los principios de dignidad y justicia.
Las peticiones incluyen visitas a los penales sin restricciones arbitrarias, acceso a servicios médicos adecuados, provisión de productos de higiene y mejoras en las condiciones de detención, incluyendo el hacinamiento y los tratos degradantes.
El Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la CEV, calificó las demandas como “válidas” y “muy humanas”, comprometiéndose a elevar la misiva a la Presidencia de la Conferencia.
Entretanto, Mildred Martínez, esposa de Gilber Varillas (detenido bajo acusaciones de participar en un supuesto intento de derrocamiento contra el dictador Maduro), informó que su esposo enfrenta problemas de salud y deficiencias en el suministro de agua en el penal Rodeo I, en el estado Miranda.
(Con información de EFE)