La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes el “exilio forzoso“ del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, así como “los hostigamientos a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas“, donde se encuentran asilados dirigentes de la oposición. “El Estado venezolano debe poner fin a la persecución política, respetar compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y reestablecer el orden democrático”, remarcó el órgano de la OEA en un comunicado.
“Según información oficial, el 7 de septiembre el candidato presidencial por la oposición, Edmundo González Urrutia, abandonó Venezuela en busca de protección internacional en España. Fue confirmado por la dirigente opositora María Corina Machado que la decisión de abandonar el país no se tomó libremente, sino que se trató de una medida para salvaguardar su vida, integridad y libertad”, recordó la CIDH.
Y siguió: “Esta Comisión ha venido documentado graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos”.
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Luego indicó que, adicionalmente, el 6 de septiembre, la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas (bajo la custodia de Brasil desde el 1 de agosto) fue hostigada por agentes del Estado en una intervención integrada por “al menos 20 funcionarios públicos armados, quienes se apersonaron en dicha sede y procedieron a cortar el suministro de electricidad y suspender el ingreso de alimentos por al menos 24 horas”.
En el comunicado, la CIDH subrayó que, como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), “es responsable de velar por el respeto del derecho internacional en su estrecha relación con los derechos humanos. En este sentido, refuerza la necesidad de que los Estados observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones, incluida la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de 1954″.
“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad“, remarcó la Comisión; al tiempo que enfatizó en que “estos actos del Estado venezolano tienen como intención infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición”.
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Por último, la CIDH reiteró su llamado al Estado venezolano a ”respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”.
Detenciones arbitrarias de menores de edad
La CIDH condenó este jueves las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tras su fraude electoral del pasado 28 de julio.
Según la información proporcionada por la organización Foro Penal, al menos 152 adolescentes fueron arrestados, y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados. Los arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la falta de transparencia en los resultados electorales, lo que ha generado preocupación internacional.
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En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como “terroristas” y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y, en algunos casos, sin separación por género.
A muchos se les impuso un defensor público sin acceso a un abogado de confianza, y fueron presentados virtualmente ante tribunales en materia de terrorismo, sin la presencia de familiares.
“La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de una adolescente embarazada, que fue sujeta a violencia de género mientras se encontraba bajo custodia del Estado”, denunció la Comisión mediante un comunicado publicado en su página web.
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“Agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas. Asimismo, fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes”, agregó.
El órgano autónomo de la OEA también documentó que un menor con autismo permanece privado de su libertad sin acceso a su familia ni a atención médica, mientras que otro niño, presuntamente agredido durante su detención, sufre de parálisis facial debido a los golpes recibidos.