Uber se enfrenta a una multa récord en Europa por desactivar cuentas de conductores sin intervención humana

Uber ha sido sancionada con una multa de 825 millones de euros por la Autoridad de Protección de Datos de Países Bajos (AP), tras determinarse que la compañía desactivó cuentas de conductores mediante sistemas automatizados, sin intervención humana y sin informarles adecuadamente.

Esta sanción, la segunda mayor impuesta bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, marca un hito para la protección de los derechos laborales y la privacidad de los trabajadores en plataformas digitales.

La decisión llega después de que 171 conductores franceses presentaran una denuncia colectiva a través de la Liga de Derechos Humanos (LDH), poniendo de manifiesto cómo Uber utilizó algoritmos para monitorizar el comportamiento de los chóferes y gestionar las valoraciones de los clientes entre 2018 y 2022.

Si el sistema detectaba sospechas de fraude o una acumulación de reseñas negativas, la cuenta quedaba suspendida automáticamente, en muchos casos de forma definitiva y sin posibilidad de revisión previa por una persona.

Automatización sin revisión humana: el corazón del conflicto

La investigación de la AP estableció que Uber violó la prohibición de tomar decisiones totalmente automatizadas sobre sus trabajadores, un principio central del RGPD. La autoridad neerlandesa subrayó que dejar a conductores sin ingresos de un momento a otro, a causa de una decisión tomada únicamente por un algoritmo, constituye una infracción grave.

Según la vicepresidenta del ente regulador, Monique Verdier, “un ordenador no debería tomar decisiones por sí solo que tengan consecuencias importantes para los usuarios. Estas decisiones deberían haber sido revisadas previamente por un ser humano”.

Uber ha respondido que recurrirá la sanción, calificándola de desproporcionada y alegando que se basa en políticas que ya no están en vigor. La empresa afirma que actualmente todas las suspensiones cuentan con una revisión humana y que los conductores pueden apelar cualquier decisión que consideren errónea.

Sin embargo, la AP sostiene que la compañía no solo automatizó las suspensiones, también falló en informar adecuadamente a sus trabajadores sobre el funcionamiento del sistema y el alcance de la automatización.

Un precedente para la economía de plataformas

La multa de 825 millones de euros es la segunda más alta jamás impuesta bajo el RGPD, solo por detrás de la sanción de 1.200 millones que el regulador irlandés aplicó a Meta en 2023 por transferencias ilegales de datos a Estados Unidos. Esta medida pone de relieve el creciente escrutinio sobre las prácticas de las grandes plataformas tecnológicas en Europa y la importancia de la protección de los derechos de los trabajadores frente a la automatización y la toma de decisiones algorítmicas.

Uber ya había sido multada anteriormente en Países Bajos: en 2018 con 600.000 euros, en 2023 con 10 millones y en 2024 con 290 millones, todas ellas por cuestiones relacionadas con privacidad y protección de datos. La acumulación de sanciones refuerza la presión regulatoria sobre la plataforma y el sector en general.

¿Por qué es relevante este caso?

La automatización de procesos en plataformas digitales como Uber ha permitido optimizar operaciones y reducir costes, pero también ha generado preocupaciones sobre el trato justo a los trabajadores y la transparencia en la toma de decisiones. Este caso pone en el centro del debate la obligación de las empresas de garantizar que ninguna decisión que afecte gravemente a los usuarios sea tomada sin intervención humana.

El RGPD establece que las personas tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos, especialmente cuando estas decisiones tienen efectos legales o afectan significativamente a los individuos.

La sanción a Uber envía una señal clara a todas las plataformas tecnológicas: la automatización no puede sustituir la responsabilidad y el juicio humano en decisiones que impactan la vida y el sustento de los trabajadores. El caso será clave para definir los límites de la inteligencia artificial y la automatización en el ámbito laboral y podría tener repercusiones para todo el sector de la economía de plataformas en Europa y más allá.