Estados Unidos ha comenzado a probar un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar posible actividad delictiva dentro de las cárceles, a partir del análisis de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto y correos electrónicos enviados por personas privadas de libertad. La tecnología, desarrollada por Securus Technologies, busca identificar patrones que indiquen la planificación de delitos y alertar a investigadores para intervenir a tiempo.
La herramienta, que todavía se encuentra en fase experimental, se utiliza en centros penitenciarios que alojan desde personas a la espera de juicio hasta reclusos con condenas firmes, además de instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su funcionamiento está pensado para complementar la labor de los equipos de monitoreo en un contexto en el que la falta de personal es un desafío constante.
Securus Technologies, uno de los principales proveedores de servicios de comunicación para prisiones en Estados Unidos, comenzó a trabajar en sus modelos de IA en 2023. Para ello empleó su vasta base de datos de llamadas y videollamadas, que abarcan años de comunicaciones internas. En uno de sus proyectos, la empresa entrenó un modelo con siete años de registros de presos del sistema penitenciario de Texas, con el objetivo de enseñarle a reconocer pautas asociadas a delitos como tráfico de drogas, extorsión o intentos de fuga.
Los responsables del proyecto explican que la herramienta es capaz de analizar las conversaciones en tiempo real y marcar frases o secciones que considere sospechosas. Estos fragmentos son revisados posteriormente por personal humano, que determina si existe motivo para escalar la alerta a unidades investigativas o autoridades correspondientes. Según la compañía, esta tecnología ya ha contribuido a desarticular actividades ilícitas dentro de algunos centros, incluyendo redes de trata de personas y operaciones de pandillas.
El modelo no solo procesa llamadas, sino también transcripciones de inteligencia generadas mediante sistemas de reconocimiento de voz. Todas las comunicaciones telefónicas en estos centros se graban por normativa y se convierten en texto antes de pasar por el análisis automatizado. Tanto reclusos como sus interlocutores reciben avisos de que sus conversaciones quedan registradas.
Sin embargo, este punto ha abierto un debate sobre privacidad y consentimiento, especialmente porque las personas privadas de libertad no tienen alternativas para comunicarse con sus familias. Defensores de los derechos de los reclusos señalan que, aunque existe advertencia de grabación, los internos no saben que los datos podrían emplearse para entrenar modelos de inteligencia artificial. Organizaciones como Worth Rises cuestionan además que sean los propios reclusos quienes pagan por sus llamadas, mientras sus datos se utilizan sin compensación.
La forma en la que se gestionan estos registros también genera inquietudes. A lo largo de los últimos años, Securus Technologies ha estado en el centro de polémicas por prácticas consideradas invasivas. Entre ellas, una filtración en la que se reveló que la empresa grabó llamadas entre reclusos y sus abogados, una comunicación que normalmente está protegida por el derecho a la defensa.
La compañía sostiene que su enfoque no se basa en vigilar a individuos de manera indiscriminada, sino en buscar patrones amplios que permitan anticipar comportamientos riesgosos dentro del sistema penitenciario. También argumenta que cada centro establece sus propias políticas de grabación y monitoreo, y que ellos simplemente las cumplen. No obstante, no ha aclarado si existe un mecanismo mediante el cual un recluso pueda solicitar que sus registros no formen parte del entrenamiento de IA.
Expertos en privacidad advierten que el uso de sistemas automatizados en contextos de privación de libertad requiere controles estrictos, especialmente para evitar falsos positivos que puedan implicar sanciones injustificadas. A esto se suma el riesgo de que la dependencia de modelos de IA lleve a interpretaciones erróneas de expresiones coloquiales, formas de hablar o conversaciones ambiguas.
Mientras algunos sectores del sistema penitenciario ven en esta tecnología una vía para mejorar la detección temprana de delitos en un entorno donde el personal es limitado, otros plantean que la monitorización constante puede tener efectos contraproducentes y profundizar la falta de confianza entre internos y autoridades.
Por ahora, la expansión del proyecto dependerá de los resultados que obtengan los centros que ya están participando en las pruebas piloto. Su implementación definitiva requerirá un equilibrio entre la seguridad institucional y el respeto a los derechos de quienes se comunican desde prisión, un debate que recién comienza en Estados Unidos.