Detuvieron a dos integrantes de una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes

Tras dos años de meticulosa investigación, desencadenada por una denuncia relacionada con la venta de estupefacientes, y en virtud de una orden emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, miembros de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Cinturón Sur llevaron a cabo una serie de allanamientos en cinco domicilios, ubicados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Pilar.

La investigación previa indicaba que dos mujeres presuntamente se dedicaban al comercio de drogas en dos de estos inmuebles, situados en el Bajo Flores y en Constitución, lugares que, según la información recabada, atraían a diversos vehículos en búsqueda de sustancias ilícitas de manera regular.

Durante los registros realizados en las viviendas mencionadas, las autoridades incautaron tres frascos de vidrio conteniendo una sustancia acuosa, cuyo análisis confirmó ser aceite de Cannabis Sativa, totalizando 45 cm3.

Además, se decomisó una bolsa de plástico transparente conteniendo 8,2 gramos de la misma droga en estado vegetal, junto con la suma de 159.700 pesos argentinos, 100 dólares estadounidenses, tres vehículos, dos computadoras portátiles y 11 teléfonos celulares.

El Magistrado interviniente ordenó la detención de dos personas involucradas en el presunto delito, así como la confiscación de los elementos encontrados, en presunta infracción a la Ley 23.737 de “Estupefacientes”.

Y a mediados del mes de abril y en otro golpe al narcotráfico, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, bajo la dirección del magistrado Pablo Yadarola, emitió órdenes de allanamiento en todo el territorio argentino como parte de una operación destinada a desmantelar una red de narcotráfico implicada en la importación y distribución ilegal de drogas en múltiples provincias.

En una colaboración conjunta entre la Dirección Nacional de Aduanas-AFIP y la Policía Federal Argentina, esta acción ha resultado en la detención de un total de 24 individuos, incluyendo a 5 que ya se encontraban tras las rejas por delitos previos relacionados con el narcotráfico.

De manera sorprendente, varios de los líderes de esta organización delictiva continuaban orquestando sus actividades desde el interior de las cárceles, un modus operandi que recuerda a la compleja situación de la crisis en la ciudad de Rosario.

El punto de partida de esta investigación se remonta al final del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde agentes de Aduana interceptaron a una pareja de ciudadanos argentinos tras la llegada de un vuelo procedente de Bélgica. Un meticuloso procedimiento de inspección reveló la presencia de 15 kg de MDMA, con un valor estimado en USD 675,000, ocultos en compartimentos secretos en el interior de sus maletas.

La alerta emitida por Aduana condujo a la intervención del juez Pablo Yadarola, quien inmediatamente ordenó la realización de investigaciones exhaustivas.

Siguiendo las directrices del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Departamento de Operaciones Federales, perteneciente a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, se unió a la investigación, extrayendo valiosa información de los dispositivos celulares confiscados a los detenidos en el aeropuerto. Las escuchas telefónicas revelaron una trama mucho más amplia de lo inicialmente sospechado.

El análisis meticuloso de los movimientos de los pasajeros antes de abandonar el país, junto con el rastreo de transferencias bancarias, arrojó luz sobre la existencia de una red narcocriminal con tentáculos extendidos en territorio argentino, presentando así una oportunidad única para golpear a la organización de manera contundente.

Tras cinco meses de ardua labor investigativa, el juez Yadarola autorizó allanamientos en Santa Fe, Río Gallegos y Ciudad de Buenos Aires, culminando en la captura de 18 hombres y 6 mujeres. Durante los procedimientos, se incautaron cantidades significativas de cocaína, marihuana, armamento, más de 10 vehículos y una suma considerable de dinero en efectivo.

La investigación también reveló la participación de altos mandos de la banda desde el interior de distintas unidades penitenciarias, desde donde coordinaban la logística del contrabando internacional de estupefacientes y su posterior venta a nivel local.

De hecho, de los más de 60 teléfonos celulares incautados en los allanamientos, 42 fueron encontrados en pabellones del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y la Cárcel de Devoto.