Una semana después de que se conociera el ataque que sufrió la fiscal Claudia Ríos en la ciudad de Mendoza durante la realización de un juicio oral, este martes se conocieron las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del Polo Judicial Penal de la capital provincial. Luego de que el agresor fuera sometido a una indagatoria, este fue imputado por tentativa de homicidio en perjuicio de la funcionaria pública y una pasante de abogacía que presenciaba la audiencia.
El hecho ocurrió el pasado miércoles 13 de septiembre, cuando el detenido Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33) fue citado a una audiencia convocada por el crimen de Nicolás Lozano, un preso que fue abusado, torturado y asesinado a golpes en el penal de Almafuerte en diciembre de 2019, por el cual fue imputado junto a otros detenidos. Una vez que se encontraba en la sala, este corrió hacia donde se encontraba la fiscal Ríos, quien se defendió de la agresión con un gas pimienta que tenía entre sus pertenencias.
En la filmación no se puede apreciar en detalle el arma blanca que introdujo el atacante, pero sí se observa la manera en la que el hombre logró despistar a los guardias e intentó perseguir a la funcionaria pública en la habitación. Luego de que Ríos lo repelió, este comenzó a dar vueltas entre las sillas hasta salir del recinto y apuñalar en el cuello a una estudiante de abogacía que realizaba una pasantía en ese momento.
A pesar de que las cámaras no lograron captar la detención, en ese instante Arredondo Suárez finalmente fue reducido por los efectivos. Después de haber sido entrevistado por el director general del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Orellana, este reveló que el motivo detrás del ataque habría sido un llamado de atención a modo de protesta porque no podía ver a su hija.
No obstante, el viernes pasado la titular de la Fiscalía de Homicidios, Andrea Lazo, decidió imputar al agresor por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves”, en referencia a los ataques contra la estudiante y la fiscal Ríos. Además, el preso fue convocado a una indagatoria virtual vía Zoom junto a su abogada defensora.
“La idea era evitar un nuevo traslado del detenido hacia los tribunales”, explicó una fuente judicial a la que tuvo acceso Télam, quien también reveló que el reo quedó detenido en una celda aislada del resto de la población carcelaria desde los incidentes. Pese a que ya era considerado como un preso de máxima seguridad, esta sería la primera vez que lo derivaron a una celda individual.
En cuanto a la investigación, el director penitenciario señaló que Arredondo Suárez habría llevado el arma blanca escondida en un paño e introducida en sus partes íntimas, por lo que no habría sido detectada en los controles de seguridad. “Uno de los custodios relató luego en el marco de la investigación que, dentro del baño, el preso se bajó los pantalones, por lo que una de las sospechas es que allí pudo haber extraído de su cuerpo el arma blanca”, afirmó.

De esta forma, Orellana reconoció que hubo un falla en el sistema de seguridad al apuntar que “la responsabilidad mayor recae sobre el Servicio Penitenciario que es el responsable de llevar a las personas detenidas”. En paralelo, la fiscal Lazo ordenó una serie de medidas que la ayudarían a establecer la implicación que habrían tenido los siete agentes penitenciarios que fueron incluidos en la causa.
Mientras que la pesquisa sigue su curso, por disposición del Gobierno provincial, los efectivos señalados como presuntos responsables fueron apartados de sus funciones. Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal aguardaría los resultados de las pruebas que ordenó para poder citarlos a declarar, aunque algunos podrían hacerlo en calidad de imputados y otros como testigos.
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