Condenaron a 25 años de prisión a los siete ex policías acusados por la Masacre de Wilde

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó este mediodía a 25 años de prisión a 7 expolicías, a quienes halló responsables de la llamada “Masacre de Wilde” que tuvo lugar hace 28 años en esa localidad bonaerense.

El veredicto, a cargo de los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, recayó sobre los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.

Todos ellos integraban la Brigada de Investigaciones de Lanús cuando el 10 de enero de 1994, según su relato, confundieron a las víctimas con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces a sangre fría en la vía pública.

Los fallecidos tras el ataque fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, que viajaban a bordo de un Peugeot 505; y el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente del ataque.

Mientras que Valenga, Gatto, Dudek y Gómez fueron hallados culpables de los delitos de homicidio simple reiterado y homicidio simple en grado de tentativa de Claudio Díaz; Mantel solo fue condenado por el primer delito y Rodríguez por el segundo.

De esta manera, el Tribunal no hizo lugar a los planteos interpuestos por la defensa que solicitaba no solo la absolución de los imputados sino la prescripción de la causa.

“El haber llegado a tener un fallo condenatorio en este juicio, a casi 29 años del hecho, es un gran logro. Si bien nosotros queríamos que fuera cadena perpetua, con la edad que tienen es como si lo fuera”, dijo a Infobae Raquel, la viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas.

“Lo voy a reiterar hasta el cansancio pero llegar a juicio un justo fue como ponerle un moño a la causa. Pero para la familia Corbo significó mucho más. Ganaron una batalla impresionante porque para todo el mundo Norberto era otro de los delincuentes y quedó demostrado que no fue así. Eso es muy importante”, remarcó Raquel.

La viuda de Cicutín recordó que, pese a los fallos adversos de la justicia, nunca bajó los brazos y se mostró más que orgullosa en ese aspecto: “Somos familiares que militamos a la par de nuestros abogados. Le hicimos frente a los camaristas que permitieron la impunidad durante tantos años y tuvimos que llegar hasta la Corte bonaerense para lograrlo”.

Por su parte, el abogado querellante Ciro Annichiarico -que representa a Raquel y al único sobreviviente- se mostró conforme con el veredicto. “Estamos muy satisfechos con el fallo a pesar de que habíamos pedido prisión perpetua al considerar que se trató de un cuádruple homicidio agravado por tres causales. De todas maneras, el Tribunal les aplicó la máxima pena prevista para el delito de homicidio simple y tentativa de homicidio simple por el que fueron condenados. Eso contempla entre 8 y 25 años. Al darles 25 años significa que consideró altamente reprochable la conducta de los ex policías”, indicó en diálogo con Infobae.

Y agregó: “Se cierra una etapa y estamos conformes. Es un reconocimiento justo. Es un ejemplo de que uno cuando persiste en la lucha y no se rinde, consigue los objetivos”.

Con respecto a que los condenados recién irán presos una vez que la condena quede firme en Casación, Annichiarico afirmó que tiene “cifradas expectativas de que Casación se expida rápida porque es un tribunal serio y suelen manejarse con mucha objetividad”. Y pronosticó que “en un año los vamos a ver tras las rejas”.

De no ser así, dijo que está dispuesto a batallar hasta el final y volver llevar el reclamo ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) si es necesario. “Ya habíamos ido a la CIDH y estábamos en un proceso de solución amistoso con la Argentina, el cual fue suspendido dado que se retomó el juicio porque la Corte bonaerense entendió que había una clara violación a los DD.HH”, explicó.

La fiscal Viviana Simón había pedido la máxima pena para los expolicías al considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí. Además, había solicitado que, de ser condenados, todos ellos queden “inmediatamente detenidos”.

Para Simón existió entre los imputados un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.

De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes fueron juzgados, fueron originalmente imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que “aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.

El 16 de septiembre de 2014, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, puso fin al dilatado proceso y requirió que los nueve policías acusados sean sometidos a juicio oral. Sin embargo, los diversos planteos de los defensores de los uniformados retrasaron el comienzo del debate durante ocho años más.

Seguir leyendo: