Según la UCA, cuatro de cada 10 hogares pobres perciben la venta de drogas en sus barrios

En los últimos días, la problemática del consumo -y, en paralelo, el tráfico- de drogas en los barrios urbanos del AMBA y el resto de Argentina volvió a ocupar el centro del debate público a partir de la muerte de 24 personas (y la intoxicación de al menos otras 80) por el consumo de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense.

En virtud del enriquecimiento de la discusión, la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió los resultados de la última Encuesta de la Deuda Social Argentina sobre la oferta de drogas en la zonas urbanas del país, realizada entre julio y octubre del año pasado, en una muestra de más de 5.680 hogares representativos.

El reporte del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) plantea dos preocupantes premisas. En primer lugar, que las estadísticas disponibles y la experiencia cotidiana de los centros de salud urbanos, dan cuenta de que existe durante las últimas dos décadas un “aumento significativo, tanto en el avance del narcotráfico como en las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas”. Y, por otro lado, que esto se agravó especialmente en el último año.

Los estudios, indicaron desde el ODSA, muestran que, a pesar de que la oferta y demanda de drogas y el consumo de alcohol tuvieron un retroceso auspicioso durante el 2020, especialmente en el inicio de la primera ola de COVID-19 y los meses más duros del confinamiento, volvieron a crecer durante 2021, incluso a niveles superiores a los precedentes de la pandemia.

Según el reporte, en 2021, el 23% de los hogares en la “Argentina urbana” informó la presencia de venta y/o tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio en el que está ubicado.

Según regiones urbanas, la presencia de venta o tráfico de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de un 11%; pero la prevalencia se incrementa de manera significativa en el conurbano bonaerense (23%), otras grandes áreas metropolitanas (29%) y el resto urbano (27%).

Los datos evidencian mayor presencia del flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad socio-ocupacional: específicamente, un 41% de los hogares de sectores bajos marginales perciben venta o tráfico de drogas en sus alrededores.

Al mismo tiempo, en villas de emergencia o asentamientos precarios casi un 60% de hogares refieren que existe venta o tráfico de drogas en su zona. En general, cuatro de cada 10 hogares en condición de pobreza perciben la presencia del narcomenudeo en sus alrededores, frente a un 15% de los hogares no pobres.

Esto, señalaron, con especial influencia entre los adolescentes y jóvenes, “y con mayor penetración y visibilidad en los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad”, y en un contexto “de recuperación económica, aumento del trabajo informal y debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas”.

De acuerdo al informe, tres de cada 10 hogares donde habitan niños se encuentran ubicados en zonas con presencia de venta o tráfico de drogas.

El reporte destaca entonces “la fuerte correlación entre el aumento de las adicciones y el avance territorial del narcotráfico en zonas tanto metropolitanas como en centros urbanos de baja escala poblacional”, con especial penetración en los barrios más pobres, pero también en los barrios populares y de clases medias, aunque con menor reconocimiento o visibilidad.

A su vez, según la estadística, en un contexto barrial de alta percepción de inseguridad, un 50% de los hogares de barrios en donde es nula o baja la vigilancia provincial reportan venta y/o tráfico de drogas (en general, en sectores de trabajadores pobres o marginales). Al mismo tiempo, la venta y tráfico de drogas alcanza al 13% de los hogares en vecindarios donde existe vigilancia policial permanente (en general, en barrios de clase media baja o media alta).

En ese sentido, aseguran, la evidencia indica una “marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental” frente a la cual las casi únicas respuestas, insuficientes para cubrir la problemática en toda su dimensión, “surgen desde organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de comunicación o entidades privadas”.

Esta semana será clave en la causa judicial que avanza en la provincia por la cocaína envenenada. El fiscal Germán Martínez, a cargo de la UFI N°16 de San Martín, aguarda para los próximos días los informes de las pericias toxicológicas y los resultados complementarios de las autopsias para establecer qué sustancia provocó los fallecimientos.

Mientras tanto, continúan también los análisis sobre las muestras secuestradas en el asentamiento “Puerta 8″ de la localidad de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, el mismo miércoles en que comenzaron a llegar las víctimas a los hospitales de la zona. En definitiva, buscan determinar qué se uso para “cortar” la droga que circuló por los partidos bonaerense de Tres de Febrero, Hurlingham y San Martín.

En el fuero federal, en tanto, el Juzgado de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, investiga el delito de narcotráfico: su principal sospechoso de comercializar la droga dentro de Puerta 8 es Joaquín Aquino (33), alías “El Paisa”, quien tenía pedido de captura por otra causa y fue detenido en la madrugada del jueves junto a otras seis personas.

A Aquino y su banda se los investigaba en la Justicia Federal desde agosto pasado. Pero, a raíz de diversas coincidencias detectadas en la causa por las muertes con droga adulterada, “El Paisa” es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido la cocaína envenenada.

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