El sábado pasado, Maximiliano Núñez Farina, director de la Región Sanitaria I -que abarca 15 distritos desde González Chávez a Patagones-, sufrió un atentado en la puerta de su casa en las afueras de Bahía Blanca. Había una suerte de adjudicación: en el lugar se encontraron volantes con consignas en contra del pase sanitario por coronavirus y amenazas de muerte.
“¿Pasaporte sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren muertos... Los van a tener“, dice uno de los volantes firmados por el “Comando de Restauración Nacional ‘Mohamed Alí Seineldín” que se encontraron en el lugar del atentado, con nombres y datos personales de personal sanitario de la zona y que se pronuncia en contra de “las acciones terroristas de los grupos mapuches”. La figura del coronel condenado a prisión perpetua tras alzarse contra un gobierno democrático es comúnmente invocada por los sectores antivacunas de retórica más violenta. El texto también hablaba de la supuesta falsedad de las cifras de contagios, una estrategia repetida en otros grupos que relativizan la pandemia y la efectividad de la vacunación. El atentado generó repudio a lo largo del arco político, con otros hechos similares ocurridos en la zona en tiempos recientes.
Así, comenzó una causa a cargo de la UFI N°7 de la jurisdicción con la fiscal Leila Scavarda. Ayer lunes por la madrugada, una mujer bahiense fue allanada por la DDI de Bahía Blanca de la Policía Bonaerense tras ser vinculada a los hechos, sin quedar detenida o imputada formalmente.
Se trata de Analía Gladys Consoli, de 64 años, ex empleada bancaria, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.
Diversos testimonios tomados por la Justicia hablaron de un escrache incitado por WhatsApp al domicilio de Nuñez Farina en una serie de audios. Consoli fue identificada como la supuesta voz en los mensajes. Así, tras una breve vigilancia, fue interceptada en su casa y le secuestraron su teléfono Motorola.
Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguran que Consoli puede ser una suerte de puente hacia los posibles autores, ya que todavía no hay una evidencia directa que la vincule a la bomba, pero el llamado al escrache es suficiente para establecer un estado de sospecha con respecto a la mujer sobre el móvil. Hoy por la mañana, la fiscalía pedirá al juzgado de garantías del caso peritar los teléfonos incautados con el sistema UFED -que también puede recuperar mensajes borrados- para establecer posibles comunicaciones con sospechosos.
También se encontraron varios panfletos: la mujer allanada se encuentra registrada en los rubros de imprenta de la AFIP. “Pase sanitario inconstitucional”, dice uno de ellos. “¿Entregarías a tu hijo a un experimento?”, dice otro, que menciona a la supuesta especialista Chinda Brandolino, referente de grupos antivacunas, con información falsa sobre efectos secundarios de la inoculación. Los posteos con la temática también son constantes en las redes de Consoli, que regresó a Twitter después del allanamiento.
La Policía Federal -que participó del operativo con el grupo Antiterrorismo de la Superintendencia de Delitos Federales- analizará la tinta y el papel en los panfletos para buscar similitudes con los arrojados en la puerta de la casa de Farina. El panfleto con amenazas y la cara de Seineldin -que Consoli reivindica en historias de Facebook- no fue hallado en el lugar. En otras historias de sus redes, compartió consignas que llamaban a fusilar a políticos y sindicalistas, además de “homenajes” a personas que supuestamente murieron por recibir la vacuna.
El ataque a Farina no ocurre en un vació. Se trata, según informó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, del quinto perpetrado en menos de un año, también con explosivos y en la misma ciudad, junto a los cometidos contra un local partidario del Frente de Todos, un periodista y una dirigente mapuche, entre otros.
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