Polémica por un pedido oficial para trasladar a un empleado bancario a la cárcel para pagarles el IFE a los presos

Ocurrió en Tucumán. Según pudo saber este medio, hay una lista de 17 detenidos del Complejo Carcelario Villa Urquiza que figuran como autorizados para iniciar el trámite del cobro de la ayuda estatal

Frente del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza en la capital tucuman.
Frente del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza en la capital tucuman.

Una situación insólita se vivió en Tucumán. En medio de una reunión por la crisis carcelaria de esa provincia, un representante del Servicio Penitenciario pidió que se autorizara el traslado de personal bancario a una cárcel para que los presos puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El llamativo pedido dejó en evidencia que existe una lista de unos 17 detenidos autorizados para iniciar ese trámite.

Todo comenzó el jueves pasado en la Casa de Gobierno de Tucumán en medio de una reunión interministerial en la que entre otros temas se trató la crisis carcelaria que vive la provincia. Allí, un alto funcionario del Servicio Penitenciario provincial planteó la necesidad de trasladar a personal del Banco Nación al Complejo Penal de Villa Urquiza, para que los detenidos puedan cobrar el IFE en ese lugar y evitar que tengan que ser trasladados en medio de la pandemia.

Allí contó que pocos días atrás uno de los detenidos solicitó permiso para ir a la sucursal bancaria a cobrar la ayuda de $10.000 pesos brindada por el Estado. Después de indagar sobre su situación, se lo autorizó.

El detenido fue traslado en un móvil hasta las instalaciones del Hipódromo, que es donde se cobra ese beneficio en la capital tucumana.

Una vez allí, los efectivos penitenciarios observaron una larga fila y comenzaron a dudar. “No lo podíamos bajar. Si después se infecta, podría esparcir el virus por toda la cárcel”, detalló una alta fuente del SP tucumano.

Ante esto, decidieron que lo mejor era devolverlo al calabozo y plantear la situación en la reunión con el Poder Ejecutivo provincial. Acá el problema no es nuestro, si tenemos jueces de ejecución que autorizan la salida y el cobro, nosotros no podemos hacer nada. No está en nuestra órbita esa decisión, se defendió el funcionario.

Según trascendió, en ese complejo carcelario fueron autorizados para iniciar el trámite del cobro del IFE un total de 17 de detenidos. De todos modos, la propuesta del funcionario para trasladar un empleado bancario hasta la cárcel fue denegada.

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El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, en diálogo con Infobae, explicó: “No están contempladas las personas privadas de la libertad a cobrar el IFE, es falso eso. Pero lo que puede ocurrir es que un familiar o un abogado los haya anotado y el sistema los aprobó porque el entrecruzamiento de datos se hace con AFIP y Migraciones no con información de la Justicia”. Y agregó: “La Justicia es la que define los permisos”.

El caso fue revelado por el diario local La Gaceta, que además publicó una lista con algunos de los detenidos que habrían sido autorizados para iniciar el trámite. Así, la jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó un informe para determinar quiénes eran los presos que habían accedido al IFE.

Dentro del listado aparecieron: Raúl “El Turco” Fadel que en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo. Andrés Alejandro González: sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. Y por último, Tomás Alejandro Ceballos, condenado a prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá.

De este modo, según informaron fuentes judiciales, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) corroboró que llegaron varios pedidos para que se permitiera salir del penal a internos para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Considero que los penados no deben cobrar, no necesitan ese dinero dentro de la cárcel y tendrían que haber hecho entrecruzamiento de datos con Registros de Antecedentes Penales (RNR). Porque los procesados mientras no se demuestre lo contrario son inocentes”, dijo la jueza Merched a Infobae.Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, sostuvo

Y agregó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

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