A fines del mes pasado, un equipo de penitenciarios y personal del Ministerio de Justicia visitó al cura Julio César Grassi en su celda de la Unidad N°41 de Campana. Llevaban un tubo y un hisopo, y una orden firmada por el Tribunal Oral Criminal N°1 de Morón: Grassi debía entregar una muestra de su ADN mediante un simple hisopado en la boca para el Registro Nacional de Datos Genéticos a cargo del Ministerio de Justicia, que compila y analiza perfiles de abusadores en busca de combinaciones positivas para resolver casos sin condena.
Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en su fundación solidaria Felices Los Niños en un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema, se negó. Simplemente dijo que no. Llevaba su atuendo de sacerdote cuando rechazó cumplir con la orden de la Justicia, su camisa con collarín blanco.
Así, Jorge Dotto, genetista y director del Registro, notificó al Tribunal N°1 de la negativa. El Tribunal N°1 no tardó en responder.
Fuentes cercanas al proceso apuntaron a Infobae que los jueces Claudio Chaminade y Mariana Maldonado firmaron una nueva orden el viernes 1° de este mes que autoriza al personal a regresar a la celda de Grassi para tomar su ADN "mediante el uso de facultades coercitivas", la Justicia autoriza el uso de la fuerza para hacerlo. El razonamiento de los jueces fue simple: el interés del Estado debe primar sobre el interés del cura.
La orden, según las mismas fuentes, sería ejecutada mañana, con la presencia de Dotto.
Grassi no fue el primer violador célebre en negarse a darle sus genes al Estado. Jorge Mangeri, condenado por el crimen de Ángeles Rawson, también rechazó que le inserten un hisopo en la boca en el penal de Ezeiza. Dotto insistió con pedidos al Tribunal Oral Criminal N°9 que lo condenó para que se recupere la muestra tomada originalmente en el caso, que ya fue entregada por el Cuerpo Médico Forense.
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