El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad una ordenanza que introduce la regulación del uso de celulares en las escuelas secundarias municipales de Mar del Plata. La iniciativa, impulsada por Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria, establece que los teléfonos deberán permanecer guardados durante la jornada escolar, salvo que un docente solicite su utilización con fines pedagógicos.
Según informó La Capital, esta normativa se convierte en un punto de inflexión para la dinámica escolar local y responde a una preocupación creciente sobre el impacto de las distracciones digitales en el aula. El objetivo declarado es “medir el impacto de la medida sobre los aprendizajes, la convivencia escolar y el bienestar digital”, según explicó Cuesta durante la sesión.
La ordenanza incorpora, además, la obligación de realizar jornadas de formación sobre bienestar digital dirigidas a estudiantes, docentes y familias. La autora del proyecto subrayó que “no alcanza con tener más pantallas: la tecnología mejora los aprendizajes cuando tiene un propósito pedagógico claro”.
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El debate sobre el uso de celulares en las escuelas no es exclusivo de Mar del Plata ni de la provincia de Buenos Aires. Al menos once jurisdicciones argentinas cuentan con normas similares. Los argumentos a favor de la regulación se apoyan en estudios de organismos nacionales e internacionales que han documentado los efectos de la hiperconectividad y las notificaciones constantes sobre el rendimiento académico y la capacidad de atención.
Un informe de la organización Argentinos por la Educación, basado en datos de las pruebas PISA, reveló que el 54% de los estudiantes argentinos se distrae con su celular durante las clases, el 46% reconoce que la conducta de sus compañeros con dispositivos también afecta su concentración. La misma fuente señala que el 59% de los niños de tercer grado de primaria ya posee teléfono móvil propio, un dato que refuerza la premisa de que la presencia de la tecnología en la vida escolar se ha adelantado a la generación de reglas claras para su uso.
Cuesta remarcó que “para aprender primero hay que poder prestar atención. Hoy la escuela compite todo el tiempo con notificaciones, redes sociales y aplicaciones diseñadas para captar nuestra atención. Por eso creemos que era necesario establecer reglas claras para el uso de los celulares durante las clases”.
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Sin embargo, la ordenanza no implica una prohibición total de los dispositivos electrónicos. Los celulares podrán emplearse en las aulas cuando un docente lo considere pertinente para actividades pedagógicas específicas. Además, Cuesta sostuvo: “Esto no es una discusión sobre celulares. Es una discusión sobre cómo ayudamos a que los chicos aprendan más y mejor”.
Uno de los aspectos innovadores de la iniciativa radica en la creación de un sistema de evaluación continua. En este marco, la Secretaría de Educación municipal deberá realizar relevamientos periódicos entre estudiantes, docentes, directivos y familias para analizar el impacto de la regulación y ajustar la política en función de los resultados.
La preocupación por el bienestar digital y el ambiente escolar llevó a que distintos distritos educativos avancen en regulaciones análogas. En todos los casos, la premisa central es priorizar el aprendizaje y la convivencia, sin desconocer el valor potencial de la tecnología cuando se integra con sentido pedagógico.
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La implementación de la ordenanza representará un desafío para las autoridades escolares, que deberán garantizar tanto la aplicación efectiva de la norma como la generación de consensos con las familias y el cuerpo docente. El seguimiento periódico de los resultados permitirá ajustar la política y ofrecer datos sobre su impacto real en el rendimiento y la convivencia dentro de las escuelas municipales de Mar del Plata.
La Capital puntualizó que la aprobación de la medida recibió el respaldo de todos los bloques políticos, lo que refuerza la legitimidad de la decisión y anticipa un acompañamiento institucional sostenido para su ejecución. El debate, sin embargo, se mantendrá abierto, en la medida en que los relevamientos y los datos sobre bienestar digital sigan aportando insumos para la toma de decisiones futuras.