El juez de Garantías del distrito Centro de Salta, Pablo Zerdán, dictó la prisión preventiva de Miguel Plaza, el chofer del intendente de La Merced, Javier Wayar, acusado del homicidio culposo de un niño de 5 años que circulaba en bicicleta junto a su madre cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes.
La resolución fue adoptada tras una audiencia flexible y multipropósito convocada por la Oficina Judicial (OfiJu), en la que el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, expuso los fundamentos que, a su criterio, justificaban mantener al acusado privado de su libertad. Zerdán consideró acreditados los riesgos procesales planteados por la fiscalía y dio lugar al pedido.
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Según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, al momento del siniestro Plaza conducía con la licencia nacional suspendida, documento que le había sido retenido previamente por manejar bajo los efectos del alcohol y por acumular diversas infracciones a las normas de tránsito. Pese a esos antecedentes, tomó el volante sin estar habilitado para hacerlo.
La acusación encuadra su conducta en el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal, que reprime el homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Según informó el MPF, Plaza optó por no prestar declaración sobre los hechos durante la audiencia de imputación, donde estuvo asistido por la defensa oficial. Sí acreditó su vínculo laboral con la Municipalidad de La Merced y manifestó que, al momento del hecho, residía en el mismo domicilio que el jefe comunal.
La reconstrucción de lo ocurrido indica que esa noche un niño de 5 años cruzaba la calzada en bicicleta junto a su madre cuando la camioneta, que transitaba en sentido sur-norte por la ruta, los impactó. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde murió a las 22:50 a causa de un shock hipovolémico por politraumatismo grave. El vehículo se desplazaba a alta velocidad, lo que habría impedido detenerlo a tiempo.
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La audiencia tuvo una particularidad: los familiares del niño participaron activamente del proceso y expresaron su posición ante los planteos de las partes. La muerte del menor desencadenó además una serie de protestas en La Merced.
El lunes siguiente al hecho, vecinos se congregaron en distintos puntos de la localidad, incluida la ruta principal y la sede de la Municipalidad, con quema de cubiertas y enfrentamientos con las fuerzas de Infantería.
Ante la conmoción, el intendente Wayar difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima e informó que realizó la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento.
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“La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”, señaló el jefe comunal en el documento. El MPF salteño investiga esa denuncia por sustracción para corroborar su veracidad.
En el mismo comunicado, Wayar fue explícito respecto a la actuación de la Justicia: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”. También pidió a la comunidad y a los actores políticos no utilizar el dolor de la familia con fines partidarios.
El caso adquirió una dimensión institucional adicional cuando la Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced a raíz de los hechos.
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Mientras tanto, el MPF precisó que Plaza “deberá continuar privado de su libertad hasta tanto se cumplan las diligencias dispuestas” para el esclarecimiento del caso.
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