Luego de la identificación de 12 personas en el ex centro clandestino de detención conocido como La Perla, el Juzgado Federal N.° 3 de la provincia de Córdoba anunció que se reanudarán las tareas de rastrillajes en el predio donde funcionó un sistema de arrestos, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar.
La nueva campaña, que cuenta con la aprobación del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, comenzará el próximo 4 de mayo y estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Ya desde hace algunas semanas se vienen realizando tareas previas en el sitio, como arreglos en el camino de ingreso y el desmalezamiento de la zona a excavar, supervisadas por las autoridades del organismo.
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El operativo se desarrollará en el marco de la “Campaña 2026 – La Perla”, una intervención que busca profundizar el trabajo de localización y recuperación de restos óseos humanos en el espacio donde funcionó uno de los principales centros clandestinos del país. La zona a prospectar corresponde a un área de tres hectáreas, lindera al sector trabajado durante el año pasado, en la denominada Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera. Las tareas en terreno comprenden excavaciones y prospección arqueológica, con el objetivo de hallar nuevas evidencias vinculadas a víctimas de desaparición forzada.
El desarrollo de las actividades cuenta con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba proveen recursos logísticos para el normal funcionamiento de la campaña, la cual se extenderá hasta fines de septiembre. El financiamiento está garantizado a través de los aportes canalizados al juzgado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En septiembre de 2025 se localizaron los primeros restos óseos humanos en el sector de Loma del Torito. La recuperación incluyó fragmentos dispersos y desarticulados, como un fémur, partes de cráneos y otros huesos, que fueron sometidos a un exhaustivo análisis antropológico y genético. El proceso fue impulsado en el marco de un convenio de colaboración entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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El hallazgo de estos restos permitió, a partir del cotejo de ADN con los perfiles aportados por familiares de personas desaparecidas, la identificación de doce personas que permanecían sin localizar desde la dictadura. La confirmación se produjo tras un minucioso trabajo de laboratorio, que incluyó el envío de elementos óseos al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y la comparación con material genético familiar.
Las tareas de identificación de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla permitieron dar nombre a víctimas que habían sido secuestradas y torturadas durante el terrorismo de Estado. Entre los primeros seis identificados figuran Mario Alberto Nívoli Gauchat, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Cantón. Recientemente, el juzgado sumó otras cinco identidades a la lista, manteniendo en reserva el nombre de la sexta persona a pedido de su familia.
La información fue difundida mediante una conferencia de prensa en la sede del Juzgado Federal 3 de Córdoba, donde el juez Vaca Narvaja estuvo acompañado por querellas y antropólogos que intervinieron en las tareas. Entre los especialistas que hicieron posible las identificaciones se encuentran José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.
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El predio de La Perla, situado entre la ciudad de Córdoba y Carlos Paz, fue uno de los principales centros clandestinos de detención del país durante la dictadura militar. De acuerdo con las estimaciones judiciales y testimonios de sobrevivientes, se presume que en ese lugar estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas entre 1976 y fines de 1978. La mayoría de ellas fueron víctimas de desaparición forzada, y solo una parte logró sobrevivir y testimoniar lo ocurrido.
Las excavaciones y estudios del EAAF buscan esclarecer el destino final de quienes permanecen desaparecidos, así como proporcionar respuestas a los familiares que han sostenido el reclamo de búsqueda y memoria durante décadas. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta, quienes acompañan las diligencias y garantizan el marco judicial de las operaciones.
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