Una trabajadora del Ministerio de Salud de Neuquén fue echada por presentar una serie de certificados médicos truchos para justificar faltas durante el 2022 y el 2023. La decisión fue tomada por el gobierno provincial, que avanzó con la medida luego de detectar que la empleada, identificada como Carina Liliana Campos, cargó seis certificados falsificados en la plataforma oficial utilizada.
La investigación oficial reveló que Campos, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos del Ministerio de Salud, acumuló seis certificados médicos que resultaron ser falsos. El expediente indica que estos documentos fueron emitidos a su nombre por dos profesionales de la salud que, al ser consultados, negaron haber firmado los papeles y aseguraron no conocerla. De acuerdo con información del medio regional LM Neuquén, ambos médicos comparecieron como testigos y uno de ellos notificó que en 2021 había extraviado su sello, mientras que el otro remarcó que ni la letra ni la firma correspondían a las suyas.
La medida de exoneración, firmada el 14 de enero y puesta en vigencia el 6 de marzo, surgió tras un proceso administrativo que se inició formalmente el 5 de marzo, ya bajo la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La Subsecretaría de Salud citó a la agente para que ejerciera su derecho a defensa durante el sumario. En su descargo, Campos argumentó que su ausencia repetida se debió a un tratamiento psicológico durante 2022 y 2023, aduciendo inestabilidad emocional, estrés y angustia que le impidieron justificar sus faltas en tiempo y forma.
Al ser interrogada sobre la autenticidad de los certificados, Campos manifestó ante las autoridades que nunca sospechó su falsedad. Aclaró que solicitó los papeles a través de WhatsApp a una clínica, donde la derivaban con los médicos y le enviaban los certificados. Dijo que no recordaba el número de contacto y que, tras perder su celular, no pudo recuperar los datos. Los auditores, al analizar las firmas y sellos presentados, concluyeron que no guardaban similitud con los registros oficiales de los profesionales involucrados. La documentación presentada por la ex empleada fue incorporada a la plataforma digital “Mis Licencias”, utilizada por la administración provincial para justificar inasistencias.
El expediente administrativo documentó que las inasistencias de Campos fueron continuas e injustificadas, distribuidas en diferentes meses de 2022 y 2023. En ese período, la dependencia sanitaria debió reorganizar sus servicios para cubrir las tareas de la agente, lo que generó una sobrecarga entre el personal. Según se lee en la resolución oficial, “el abandono de cargo afecta a la administración pública, muy específicamente al organismo en el cual la persona debía trabajar, dado que obliga al mismo a reorganizar el servicio con quienes sí brindan su contraprestación laboral; también afecta a sus compañeros de trabajo en cuanto se ven sobrecargados en la realización de las tareas diarias”.
La sanción aplicada fue la exoneración, una medida más dura que la cesantía, ya que inhabilita a la exagente para desempeñarse nuevamente en la administración pública provincial. El caso, además, activó una revisión para determinar si Campos percibió salarios durante los períodos en los que no cumplió funciones. En la documentación oficial consta que, de haberse abonado haberes durante sus ausencias, se instruirá el recupero de las sumas y, en caso de imposibilidad, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para que actúe por presunto enriquecimiento sin causa en perjuicio de la provincia.
Durante el proceso, la ex empleada admitió que no pudo justificar sus ausencias en tiempo y forma y argumentó que su estado de salud mental la llevó a solicitar asistencia médica. Según el expediente, al ser consultada sobre los certificados, sostuvo que los solicitó por mensajería y que desconocía su origen apócrifo. Los testimonios de los médicos fueron clave: ambos negaron haber firmado los documentos y uno relató el extravío previo de su sello profesional.
Desde la administración provincial, la decisión de aplicar la exoneración se fundamentó en la gravedad de la falta y en la necesidad de resguardar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. El sumario concluyó que la presentación reiterada de certificados médicos falsos quedó probada mediante la prueba documental y testimonial reunida.
El texto de la resolución resalta que “afecta a la función y servicios públicos que brinda el organismo, perjudicando indirectamente a la comunidad contribuyente que sostiene ese cargo; que por consiguiente, es imperativo tomar las medidas disciplinarias correspondientes”. Con la exoneración, la provincia sienta precedente y avanza en la instrumentación de controles para prevenir situaciones similares en el futuro.