En los últimos meses, una serie de crímenes familiares ha sacudido a la opinión pública argentina, poniendo en foco la problemática del filicidio y la necesidad de fortalecer las políticas de protección a la infancia. Organizaciones especializadas advierten sobre la falta de estadísticas confiables y exigen la aplicación efectiva de la Ley Lucio, sancionada en 2023.
Entre mayo y junio de 2025, diversos casos de asesinatos de niños y adolescentes a manos de sus padres o cuidadores han sido reportados por medios nacionales. Entre los hechos más recientes se encuentran el crimen familiar en Florencio Varela, donde la Justicia confirmó que una madre mató a su hijo antes de suicidarse; el asesinato de una mujer y sus dos hijos por parte de su pareja, quien luego se quitó la vida; y el triple crimen de Villa Crespo, cuya principal hipótesis apunta a que la madre fue la autora de los homicidios antes de suicidarse.
Según la Asociación Argentina de Prevención de Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI), estos casos representan solo una fracción de una problemática mucho más extendida. La organización señala que existen numerosos episodios que no reciben cobertura mediática y otros que permanecen ocultos, especialmente cuando las víctimas son niños pequeños.
El 3 de mayo de 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, en homenaje a Lucio Dupuy, un niño asesinado por sus cuidadores. La normativa establece un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y maltrato. Sin embargo, a más de dos años de su promulgación, desde ASAPMI advierten que su implementación es aún insuficiente en muchos municipios y provincias.
La asociación subraya que el fenómeno del filicidio es complejo y carece de datos estadísticos precisos en el país. Además, sostiene que el género del agresor resulta irrelevante frente a la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de las víctimas. En este sentido, critican que la legislación penal vigente aún establece distinciones que consideran innecesarias y que deberían ser revisadas.
El análisis de ASAPMI retoma estudios históricos sobre el filicidio, señalando que puede originarse en contextos de maltrato físico, sexual, emocional o negligencia, episodios psicóticos agudos, venganzas maritales, rechazo hacia hijos no deseados o situaciones de desesperación ante enfermedades incurables. Más recientemente, la organización advierte sobre una nueva categoría: aquellos homicidios de niños y adolescentes que ocurren como consecuencia de decisiones judiciales o administrativas erróneas, que por acción u omisión facilitan la conducta homicida de los adultos responsables.
En el ámbito académico, pioneros como Alexandre Lacassagne, Auguste Tardieu, Sandor Ferenczi y Henry Kempe, así como referentes argentinos como Tomás Banzas, Carlos Gianantonio y Diana Goldberg, han contribuido al desarrollo de conocimientos para la prevención y atención del maltrato infantil. Sin embargo, desde ASAPMI remarcan que las víctimas de maltrato infanto-juvenil no pueden reclamar por sus derechos, ya que suelen ser silenciadas por los propios adultos que las victimizan.
La comisión directiva de ASAPMI reclama la urgente aplicación de la Ley Lucio en todo el territorio nacional y el avance en el tratamiento de propuestas legislativas pendientes. Además, propone la creación de observatorios y la adopción de medidas concretas para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes, según la organización, continúan siendo los más desprotegidos frente a la violencia familiar.