“Los hechos son de una crueldad extrema”, aseguró la fiscal que investiga la matanza de pingüinos en Punta Tombo

Cuando Florencia Gómez, fiscal General Jefe de Rawson, Chubut, recibió la denuncia no pensó que su carrera profesional tomaría trascendencia mundial. El dueño de una estancia en un área protegida de Chubut pasado por encima más de un centenar de nidos de pingüinos para hacer un camino. Los videos de la matanza mostraban a los pingüinos intentando reanimar a sus crías.

La funcionaria, oriunda de Tres Arroyos, no es especialista en ambiente ni en conservación, en general atiende causas de delitos comunes, pero quedó shockeada. Y, en menos de dos horas ordenó un allanamiento para constatar el hecho. Casi tres años después consiguió algo histórico: que se celebre el primer juicio oral en la Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal y que enfrente una pena de hasta 4 años de prisión efectiva. El juicio será en noviembre, aún no tiene el día definido.

“Los hechos que se investigaron son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva”, explica Gómez a Infobae en una entrevista.

-¿Cuál fue su primera reacción cuando recibió la denuncia?

- La primera sensación fue de mucha tristeza. El informe y los videos mostraban la extrema crueldad de la matanza de pingüinos en plena época reproductiva. Recuerdo que recibí la denuncia a la tarde y, a las dos horas ya había ordenado el allanamiento. Al día siguiente personal policial y del Ministerio de Ambiente fueron a relevar el lugar e hicieron un informe de lo encontrado.

-¿La justicia está preparada para este tipo de denuncias ambientales?

-Fue un desafío enorme. Acá en Chubut es histórico porque es la primera vez que se va a realizar un juicio por este tipo de delito. La investigación me llevó a conocer a mucha gente que dedica su vida a preservar la fauna. También debo decir que recibí mucha ayuda del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para poder obtener las imágenes satelitales y reconstruir el hecho.

-¿Cómo se conformó su equipo de trabajo?

-Yo trabajo a diario en delitos comunes, así que convoqué a geólogos, cartógrafos y otros expertos. Aprendí muchísimo porque tenía que estar preparada para los planteos de la defensa. A todos estos recursos se sumó el cartógrafo, geógrafo y director de National Geographic, Sam Guilford, que aportó las imágenes satelitales que permitieron no sólo reconstruir el hecho minuto a minuto, sino que muestran hasta la profundidad de afectación del suelo que, en algunos lugares, llega a los 40 centímetros.

-¿Se imaginó alguna vez que la causa, conocida como Tombo, llegaría a tener trascendencia internacional?

-La verdad que no. Hasta me invitaron al evento Explorers de National Geographic, en Washington DC, en los Estados Unidos, a exponer el caso. Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no sólo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se vuelvan a repetir. Se busca con este fallo sentar un precedente. No queremos más que se violente a la fauna ni a la biodiversidad.

-¿Quién presentó la denuncia?

-La denuncia la presentó el científico y experto en pingüinos Pablo “Popi” Borboroglu [Global Pengüin Society] y la querella quedó integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

-¿Le gustaría seguir trabajando en temas ambientales?

-Sí, creo que la ley Yolanda [capacitación ambiental obligatoria para todos los funcionarios públicos] no es suficiente. De hecho estoy trabajando con otras organizaciones ambientalistas para dar forma y que se cree por ley la figura de ecocidio. Es necesario impulsar leyes nacionales para reemplazar las que tenemos que han quedado obsoletas. Necesitamos una ley que discrimine la gravedad del hecho.

-¿Cómo consiguió sostener la acusación?

-Se sostuvo con la denominada ley Sarmiento, de maltrato animal en concurso con otros dos hechos: la crueldad hacia los especímenes y el daño ambiental probado por un estudio realizado por una consultoría que consta en la causa.

-¿Ya hay fecha para el juicio?

-La audiencia preliminar fue el 12 de abril. Hoy (por ayer) pedí a la Oficina Judicial que me dé fecha de juicio oral a partir de los primeros días de noviembre. La idea es el 26 de noviembre llevar a los juicios y a todos los testigos al lugar del hecho. Porque, aunque parezca increíble, los daños todavía persisten y pueden verse. Incluso el estudio que se hizo determinó que la recuperación del ambiente puede demandar hasta 35 años.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, de acuerdo con la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. El productor Ricardo La Regina deberá afrontar por estos hechos un juicio que podría condenarlo a 4 años de prisión efectiva.

Dicho establecimiento, que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara) es a su vez, núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul, siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Se trata del núcleo de Reserva de Biosfera de la UNESCO Patagonia Azul, constituye un espacio que alberga el 40% de la población reproductora mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie.