La asociación que nuclea todos los jueces del país pidió revisar “las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia” en los casos de femicidio y violación hacia las mujeres para que se traten “de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado para permitir una respuesta integral al flagelo”.
El pronunciamiento se conoce ante el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, asesinada a puñaladas hace nueve días en un descampado en la localidad bonaerense de Rojas por su ex pareja, el policía Matías Martínez. El caso volvió a poner en evidencia la desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Úrsula había denunciado a principios de enero a Martínez por violencia de género y por violar la restricción perimetral. “Nunca creí estar denunciando a alguien, por violencia de género. Quiero ser la última”, escribió Úrsula en su cuenta de la red social Twitter el cinco de febrero, tres días antes de ser asesinada. El día que fue víctima del femicidio, un mes después de la denuncia, el juez de Paz de Rojas Luciano Callegari ordenó que a la víctima de le entregue un botón antipánico y custodia policial.
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“La gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla”, sostuvo en un comunicado al que accedió Infobae la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), una de las entidades judiciales más grandes del país que nuclea a asociaciones y colegios de magistrados de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.
La entidad, presidida por el juez de Rosario Ariel Ariza, agregó, sin hacer referencia al femicidio de Úrsula, que “las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben revisarse y de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado, para permitir una respuesta integral al flagelo”.
Puntualmente enumeraron los revisiones que entienden los jueces se deben realizar: los mecanismos de comunicación para hacer las denuncias por violencia y su coordinación en las respuestas de la justicia y “unificarse los criterios de valoración para darles la máxima prioridad”. También señaló la entidad que “urge redoblar” la capacitación de los integrantes de la justicia en perspectiva de género, tal como fija la Ley Micaela que se sancionó en 2018 por el femicidio en 2017 de Micaela García y que obliga a los funcionarios de los tres poderes del estado a capacitarse en cuestiones de género.
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La FAM también hizo un reclamo. “Debe exigirse que se dote a los poderes judiciales de una estructura adecuada a la cantidad y complejidad de los casos. Urge analizar si la estructura existente es apta para garantizar la calidad de la respuesta ante el recrudecimiento de la violencia en el marco de la pandemia”, pidió la entidad. Para los jueces “Los instrumentos para actuar frente a estas denuncias también deben ser revisados, porque la problemática cambió aceleradamente y es necesaria una adecuación procedimental brindando información suficiente y adecuada a la sociedad sobre los mecanismos existentes para acceder a la justicia”.
El planteo sobre los femicidios forma parte de un comunicado titulado “Afianzar las justicias” en el que también la FAM hace referencia a la independencia del Poder Judicial, las críticas y los pedidos de juicio político contra magistrados y el acceso a los tribunales en época de la pandemia del coronavirus.
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