Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, comunicará mañana por la mañana la derogación del “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI+” que utilizaron las fuerzas policiales y de seguridad federales entre 2017 y 2019, durante la gestión de Patricia Bullrich.
En la sede del Ministerio de Seguridad, Frederic anunciará tal decisión y también expresará una nueva norma a pedido de las organizaciones LGBT, quienes señalaron al texto firmado por Bullrich como una “estigmatización de grupo de población peligroso”. Además, expresaron su rechazo luego de las denuncias sobre la “selectividad del accionar policial” en la norma dictada en la Resolución 1149-E/2017.
La activista trans Marcela Tobaldi, presidenta de la Rosa Naranja, expresó: “La comunidad travesti trans celebra la decisión de la ministra Frederic de anular la norma que fue utilizada para perseguir a la población travesti trans que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, incrementada por la violencia que impone el sistema prostituyente y que lejos de la criminalización requiere políticas públicas para acceder a la educación, el empleo y la vivienda”.
El Protocolo, que figuraba en el Anexo 1 de la resolución, detallaba en nueve páginas en qué casos las fuerzas de seguridad podían privar de la libertad a una persona y cuáles eran los actos iniciales de la aprehensión (aseguramiento, comunicación de derechos, confección del acta de detención…). El texto indicaba que la persona detenida debía ser "alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino”.
En otro de los puntos se precisó que “las personas (…) que necesiten utilizar instalaciones diferenciadas por sexo en las dependencias (ej: sanitarios), serán consultadas sobre si desean hacer uso de las instalaciones femeninas o masculinas”.
Greta Pena, abogada y directora ejecutiva de 100% Diversidad y Derechos, dijo a Infobae: “Era un reclamo que tenía el movimiento. En la historia somos pecado, enfermedad y delito. Este Protocolo hizo que las fuerzas de seguridad nos individualizaran. Es meramente estigmatizante. Fue darle una orden política a las fuerzas, quienes nos marcaron como a un grupo peligroso. Fue una barbaridad. En estos años aumentaron las detenciones a trans y travestis y la persecución a varones gay y lesbianas por manifestar afecto en la vía pública”.
El Protocolo que perderá vigencia también indicaba: “Se procurará contar con testigos de idéntico género de aquel optado por el requisado, a fin de no menoscabar su derecho a la intimidad”.
“Lo peor es que el Estadio dio la señal y la misma se vio reflejada en la sociedad. El Protocolo se llamaba LGBT, entonces, ¿qué hacía una lesbiana o un varón gay para que la o lo arrestaran de manera ‘diferente'?". Habla del uso de la fuerza en un texto confuso que le dio vía libre a la criminalización. Estoy convencida y segura de que el Protocolo fue para perseguirnos. Una persecución total a la población que se vio reflejada en las movilizaciones (8M y Ni Una Menos). A las lesbianas se nos catalogó como ‘destructoras del mobiliario público’. A las trans como un grupo dedicado a la drogadicción y la prostitución", agregó Pena.
A futuro, Tobaldi planteó la necesidad de desarrollar “una fuerte capacitación a las fuerzas de seguridad federales y que las provincias y la ciudad de Buenos Aires se adhieran a este nuevo Protocolo, para que sea una realidad el respeto a la identidad y a la dignidad de toda la población LGBT”.
“Estoy muy contenta porque este nuevo Protocolo implica la descentralización de las fuerzas de seguridad y respeta los derechos LGBT”, completó Pena.
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