Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
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Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
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A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
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En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
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En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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