José Gigena y su esposa Cecilia Ousset, médicos obstetras de San Miguel de Tucumán, fueron denunciados penalmente por un grupo de abogados de su provincia por su participación en la cesárea de una niña de 11 años que había sido violada y cursaba un embarazo de 23 semanas de "alto riesgo" del que nació una beba prematura que falleció diez días después.
Un grupo de médicos y abogados tucumanos con una fuerte militancia en contra del aborto realizó la presentación en la que acusaron a los dos profesionales por "la presunta comisión del delito de homicidio calificado", delito que prevé como pena máxima la cadena perpetua.
El médico Jorge Ramacciotti y los abogados Mara Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Columbres, Costanza del Carril y Raúl Alfredo Lezana, y los médicos Jorge Javier Ramacciotti y Ricardo Miguel Auad, con el patrocinio de Salvador María del Carril, también denunciaron a Adriana Mónica Romano Mazzone, la titular de la Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo de la III° Nominación, por "desobediencia judicial" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Tanto la menor, que había sido abusada por la pareja de su abuela, como su madre, habían solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -contemplada en el Código Penal desde 1921 y ratificada en 2012 por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y tras poco más de un mes de internación sin avances, el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SiProSa) emitió un comunicado que pedía por un lado la interrupción pero hacía a referencia a "salvar las dos vidas".
Gigena y Ousset, que trabajan en el sistema privado pero fueron convocados porque ningún médico del sistema de salud público quería hacerlo, fueron los únicos dos profesionales que intervinieron en la interrupción del embarazo porque, al llegar al quirófano del Hospital "Eva Perón", todo el personal médico (entre los que estaban el anestesista, la instrumentadora y la enfermera) eran objetores de conciencia y se negaban a participar de la intervención.
A pesar de que la propia Ousset es objetora de conciencia (aunque está a favor de la despenalización del aborto) y estaba ahí únicamente para acompañar a su marido, se quedó y ofició de instrumentadora del tocoginecólogo que tuvo que hacer una microcesárea porque la paciente no estaba en condiciones de pasar por otro tipo de intervención y tenía una preeclampsia (presión muy alta con riesgo para su salud). "Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría", contó la doctora Ousset a Infobae en esa oportunidad.
"Es una locura, estos grupos provida tienen una opinión y creen que la pueden imponer sobre leyes que existen desde 1921, y quieren ir para atrás, nos quieren llevar a la Edad Media", dijo a Página/12 Gigena, quien contó además que se enteró por amigos de la denuncia ya que aún no fue notificado.
La semana pasada, además, la diputada nacional María Teresita Villavicencio (UCR) denunció penalmente a la fiscal Adriana Giannoni que, a pesar de no estar involucrada en las causas en torno a la menor y su familia, envió un oficio pidiendo proteger "la vida desde la concepción" y es quien ahora recibe la denuncia contra los profesionales médicos. La legisladora radical acusó a la fiscal de haber obstaculizado la ILE que a la menor le correspondía por ley le adjudica "la presunta comisión de los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí".
Las organizaciones Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) que en su momento presentaron un amicus curiae pidiendo a la jueza de Valeria Brand que ordene al Estado que respete la voluntad de la niña, publicaron un comunicado repudiando la denuncia contra los médicos, pidieron a la fiscal Giannoni que la desestime e indicaron que "la intención de la denuncia tiene como objetivo lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen".
Por otro lado, referentes feministas junto a representantes del Frente Patria Grande denunciaron también penalmente a las autoridades del gobierno tucumano y del sistema de salud provincial por presunto abuso de autoridad. El gobernador Juan Manzur, la ministra provincial de Salud, Rossana Chahla, el secretario del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco y la directora del hospital "Eva Perón", Elizabeth Ávila, fueron acusados de obstaculizar la realización del aborto no punible.
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