La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional confirmó el procesamiento contra Mariana Gómez, la joven que fue detenida en en octubre pasado por besar a su esposa– Rocío Giralt- en la estación Constitución de la línea C del subte porteño. La policía, en tanto, sostuvo que el motivo del arresto fue otro.
Gómez está acusada del delito de "resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves", luego de protagonizar un altercado con la policía mientras era detenida. Por un lado, las jóvenes y las organizaciones que defienden la diversidad aseguraron que la detención sobrevino al tratar de censurar ese beso, mientras que las autoridades justificaron su accionar al señalar que Gómez estaba fumando en un lugar prohibido.
Para los jueces, la mujer se resistió al negarse a apagar un cigarrillo, y causó "lesiones graves", por los raspones y la perdida de pelo que sufrieron dos uniformados durante el forcejeo y le restaron importancia a la denuncia de lesbofobia presentada por la acusada. Consideraron que "la acción de la Policía -actuar para que no fumaran en un lugar prohibido- era legítima".
"Si bien la parte sostiene que Pérez y Rojo decidieron dirigirse a ellas por haberse percatado de su elección sexual y no aceptaban que se besaran (…) la razón invocada por la policía para actuar era legítima", ratificaron.
El defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, emitió una opinión distinta y expresó su disconformidad por el fallo. "Ignora la existencia de un claro sesgo de lesbofobia por parte del oficial de policía, y la insignificancia de la supuesta orden resistida por Mariana", dijo.
Resaltó, asimismo, que "la ley de la Ciudad no prevé sanciones para los fumadores y el derecho penal debe intervenir como 'última ratio', y denunció "la desproporción entre la conducta de la mujer y la respuesta de los uniformados".
Por su parte, el abogado defensor de Gómez, Lisandro Teszkiewicz, consideró que "el procesamiento es incorrecto por múltiples razones. En primer lugar está mal elegida la figura, porque la doctrina y jurisprudencia argentinas dicen que la resistencia a la autoridad exige que la orden de la autoridad sea legítima y no un acto de discriminación, como este caso".
Cabe destacar que el Ministerio Público de la Defensa y el Colectivo para la Diversidad se presentaron en la última audiencia del caso como amicus curiae, pero fueron rechazados por la justicias y se les negó la posibilidad de explicar su postura.
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