Más de un año después de haberlo anunciado, el gobierno de Mauricio Macri enviará al Congreso un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, que como punto más destacado -y polémico- propondrá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Según supo Infobae, la intención del Gobierno es que el proyecto pase antes por el filtro de una mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, y creen que una vez en el Legislativo contarán con el apoyo de parte del peronismo y el massismo para convertirlo en ley.
En marzo del 2017, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri remarcó la necesidad de discutir y sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil. Más tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano sostuvo que un proyecto oficial buscaría "reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones" y añadió que "probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos". La iniciativa incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de dichos delitos pero también una amplia gama de medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores.
Poco antes de las declaraciones de Macri y Garavano, la discusión sobre un régimen penal juvenil volvió a instalarse cuando un juez de menores decidió liberar a un joven de 15 años acusado de matar a Brian Aguinaco, de 14 años, y enviarlo con sus abuelos a Perú. Aguinaco falleció tras una agonía de dos días, luego de haber recibido un balazo en la cabeza cuando pasaba con su abuelo frente a dos motochorros, y su asesino recuperó la libertad en apenas diez días.
En medio del año electoral, la iniciativa macrista fue postergada pero será reflotada este año, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, cuando el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso en marzo, luego de que en febrero lo someta a debate con organizaciones de la sociedad civil. En materia penal, también se espera que el Gobierno de Cambiemos envíe un proyecto de reforma integral del Código Penal, en el que están trabajando una comisión multidisciplinaria de especialistas bajo el mando del camarista Mariano Borinsky desde inicios de 2017.
Sin lugar a dudas, el proyecto de ley de responsabilidad juvenil promete ser uno de los temas más conflictivos que pasarán por el Legislativo el año próximo. Tras el anuncio del Gobierno en 2017, organizaciones como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se mostraron favorables, mientras que desde la Conferencia Episcopal Argentina rechazaron de plano la iniciativa.
En 2013, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua e instó al Estado argentino a "ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados en la sentencia en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes". La iniciativa del Gobierno busca saldar esa deuda.
Hoy en día, Argentina cuenta con un "régimen tutelar", que permite a los jueces disponer sobre la libertad de los menores que delinquen sin someterlos a un proceso y sin garantizar sus derechos.
La gran mayoría de países de América Latina y Europa ya incluyen en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a los menores desde los 14 años (Chile, Colombia, España), 13 años (Uruguay, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre otros.