El 87% de las entidades financieras supervisadas en República Dominicana reconoce que los factores ambientales y climáticos pueden ocasionar impactos financieros materiales, según los resultados de la segunda Encuesta sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, elaborada por la Superintendencia de Bancos (SB).
La investigación, publicada el 16 de noviembre, abarcó al 100% de las entidades bajo supervisión del organismo y permitió medir el avance del sistema financiero frente a la línea de base que la SB había levantado en febrero de 2024.
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Los datos reflejan que las instituciones financieras han incorporado una mayor atención a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. El estudio también muestra diferencias en el nivel de preparación de cada entidad para incorporar estos criterios en sus políticas, sus decisiones crediticias y sus sistemas de control.
La encuesta indicó que el 36% de las entidades cuenta con responsables o estructuras organizacionales dedicadas a asuntos ambientales y climáticos. Esa cifra representa uno de los indicadores sobre la incorporación de estos riesgos en las áreas de gestión y gobierno corporativo.
Casi la mitad de las instituciones consultadas, además, informó que avanza en la creación de condiciones internas para gestionar de forma sistemática los riesgos y las oportunidades asociados al medio ambiente. El proceso incluye la definición de funciones, metodologías y mecanismos de evaluación dentro de cada organización.
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La SB señaló que los resultados muestran avances en la estructuración de políticas y responsabilidades vinculadas con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). El objetivo es que esas variables puedan formar parte de la administración de riesgos de las entidades y de sus decisiones de financiamiento.
Un cuarto de las instituciones ya implementa sistemas de riesgos ambientales y sociales
Uno de los puntos relevados fue el grado de adopción del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). El 24% de las entidades informó que se encuentra en alguna etapa de implementación de este tipo de herramientas.
A esa proporción se suma un 29% que evalúa incorporar estos sistemas. El SARAS permite identificar y administrar posibles riesgos ambientales y sociales relacionados con actividades financiadas por los bancos y otras entidades del sector.
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La expansión de estas herramientas forma parte de un proceso más amplio de adecuación de la banca ante los efectos económicos que pueden derivar de eventos climáticos, cambios regulatorios, transformaciones productivas o deterioros ambientales que afecten a empresas y hogares.
Las carteras verdes y el análisis climático ganan espacio en el crédito
La encuesta también examinó la preparación tecnológica y metodológica de las entidades para clasificar sus operaciones. El 36% se encuentra en condiciones de avanzar en mecanismos para identificar sus carteras como verdes, una categoría que permite distinguir los financiamientos dirigidos a actividades con criterios ambientales.
En paralelo, un grupo más reducido ya incorporó variables climáticas a la evaluación de sus clientes. El 11% de las entidades informó que integra el análisis climático en la calificación crediticia, una práctica que puede influir en la evaluación de riesgos y en la asignación de recursos.
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La medición se organizó a partir de los cuatro pilares del marco de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, conocido como TCFD por sus siglas en inglés. Esos pilares son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos.
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