El presidente Luis Abinader afirmó que no habrá impunidad si las autoridades detectan hechos de corrupción en la administración pública. El mandatario pidió a los ciudadanos denunciar irregularidades, incluidos eventuales pedidos de dinero para facilitar trámites, servicios o pagos estatales.
Durante su participación en LA Agenda Semanal, Abinader reconoció que no puede asegurar que no existan actos de corrupción. Sostuvo, en cambio, que el Gobierno actuará cuando tome conocimiento de situaciones de ese tipo, sin importar quién esté involucrado.
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“Yo no puedo garantizar que no haya corrupción”, dijo el presidente. Luego agregó que, si el Ejecutivo conoce un caso, sus responsables no quedarán impunes.
Abinader también planteó que la colaboración ciudadana puede contribuir a detectar actuaciones irregulares dentro de las instituciones públicas. El mandatario vinculó esa participación con la posibilidad de aplicar las sanciones previstas por la ley.
Abinader pidió reportar pedidos de dinero de funcionarios
El presidente pidió que los ciudadanos denuncien a los funcionarios que soliciten pagos para agilizar gestiones o acceder a servicios del Estado. Según expresó, no debe existir la necesidad de entregar dinero a ninguna persona dentro del Gobierno.
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“No hay necesidad de pagarle a nadie en el Gobierno”, sostuvo Abinader. El jefe de Estado afirmó que los funcionarios denunciados por esa conducta serán apartados de sus cargos y sometidos a la Justicia.
El mandatario reiteró que su posición no cambiará por vínculos personales con los involucrados. “Tengo amigos, pero no tengo socios”, manifestó al referirse a su criterio frente a posibles casos de corrupción.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló que los ciudadanos y los proveedores pueden presentar denuncias ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental o la Unidad Antifraude.
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Pimentel indicó que esos organismos reciben y canalizan las denuncias. También afirmó que el seguimiento de los trámites puede mostrar demoras burocráticas que afectan la respuesta de la administración.
Infopago permite identificar dónde se detienen los pagos estatales
Pimentel explicó que la plataforma Infopago permite conocer el estado de los procesos de pago del Estado y ubicar la dependencia administrativa que tiene cada expediente.
Según el funcionario, el sistema permite advertir cuándo una solicitud permanece detenida durante varios días. Esa información puede servir para revisar los motivos de la demora e intervenir sobre el procedimiento.
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El director de Contrataciones Públicas sostuvo que la trazabilidad de los expedientes funciona en tiempo real. “Lo importante que tenemos ahora es que tenemos la trazabilidad”, afirmó.
La nueva legislación sobre contrataciones, de acuerdo con Pimentel, establece responsabilidades para los funcionarios que utilicen mecanismos destinados a retrasar de manera injustificada los pagos a proveedores.
El funcionario vinculó el uso de la plataforma con la detección de problemas administrativos. Señaló que la información reunida permite trabajar sobre los procesos que extienden los tiempos de respuesta.
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Una comisión revisa las deudas pendientes con contratistas
Pimentel informó que una comisión evalúa las deudas pendientes con contratistas del Estado. El grupo revisa la documentación de cada expediente para determinar cuáles compromisos reúnen las condiciones necesarias para ser pagados.
La comisión está presidida por el ministro de Hacienda. También la integran representantes de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas, con apoyo técnico de la Unidad Antifraude.
Las instituciones involucradas deben presentar contratos, documentos y soportes que permitan verificar cada caso. Pimentel indicó que algunos pagos fueron autorizados, mientras otros siguen bajo revisión hasta que se complete la documentación requerida.
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El funcionario señaló que la comisión mantiene reuniones prácticamente todas las semanas. El objetivo es examinar los expedientes y adoptar decisiones según los procedimientos vigentes.
Ética e Integridad trabaja con la OCDE en una estrategia nacional
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que la República Dominicana prepara junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una estrategia nacional de integridad.
La iniciativa busca articular mecanismos de transparencia, prevención y control ya existentes en las instituciones públicas. Ortiz Bosch sostuvo que el propósito es mejorar la coordinación entre organismos y la aplicación de las políticas gubernamentales.
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La funcionaria indicó que 16 comisiones participan del proceso de consulta y elaboración de la estrategia. También se refirió a iniciativas legislativas relacionadas con el acceso a la información pública, la protección de informantes y la regulación de los conflictos de interés.
Ortiz Bosch mencionó, además, un programa de transparencia respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta apunta a conectar sistemas institucionales y facilitar que los ciudadanos consulten información pública.
El programa contempla capacitaciones para la población y los comunicadores sobre las herramientas disponibles para seguir la gestión estatal. Abinader cerró su intervención con un nuevo pedido de colaboración ciudadana en la denuncia de irregularidades.
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