La Policía Nacional abrió una investigación por el episodio en el que la diputada por Elías Piña, Millys Johanna Martínez Morillo, fue esposada durante una intervención policial, mientras crece el cuestionamiento sobre las garantías constitucionales que protegen a los legisladores frente a una privación de libertad.
El inspector general de la institución, el general Martín Tapia Sánchez, fue enviado a la provincia por orden del director general de la Policía, el mayor general Ernesto Rodríguez García. El objetivo es reconstruir lo sucedido, entrevistar a los involucrados y determinar si hubo responsabilidades disciplinarias o penales.
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Martínez ya fue escuchada en su residencia y Tapia Sánchez tenía previsto reunirse con el alcalde, la gobernadora y los agentes que participaron en el operativo.
El vocero policial, Diego Pesqueira, afirmó a Listín Diario que la legisladora no fue arrestada y que aún se investiga quién le colocó las esposas.
La intervención se produjo en una estación de expendio de combustibles donde se realizaba una fiesta con música y venta de bebidas alcohólicas. La Policía indicó que el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes, de acuerdo con Hoy, diario dominicano.
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La protección constitucional de los legisladores
La Constitución de República Dominicana establece en su artículo 86 que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante una legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo que sea detenido en el momento de cometer un crimen.
La norma dispone que, si un legislador es arrestado, detenido o privado de su libertad de cualquier modo, la cámara correspondiente —incluso uno de sus integrantes— puede exigir su liberación durante el tiempo que dure la legislatura. El presidente del Senado o de la Cámara de Diputados puede requerir la intervención del procurador general de la República y, si es necesario, ordenar directamente la liberación con el apoyo de la fuerza pública.
El artículo 87 aclara que esa protección no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a la que pertenece. Si una autoridad judicial solicita retirar esa protección, el órgano legislativo debe resolver el pedido conforme a su reglamento interno en un plazo máximo de dos meses.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó lo que calificó como una agresión contra Martínez y sostuvo que fue esposada durante un intento de arresto por parte del coronel De León. También recordó que la excepción constitucional solo procede ante un delito flagrante.
“El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, expresó Pacheco.
Eugenio Cedeño Areche, diputado del Partido Revolucionario Moderno por La Romana, consideró inaceptable que un oficial esposara y detuviera a una representante del Congreso en ausencia de flagrancia. El legislador, que aseguró haber cumplido cinco períodos como diputado, afirmó que nunca había presenciado un hecho de esa naturaleza.
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Cedeño propuso que la Cámara de Diputados forme una comisión bicameral para investigar el caso, establecer responsabilidades y procurar sanciones para los agentes involucrados.
Pesqueira sostuvo que la institución no ofrecerá una versión definitiva hasta completar las entrevistas y el levantamiento en Elías Piña. Si se comprueba que algún agente incurrió en excesos, aseguró que será sometido a la jurisdicción correspondiente y recibirá las sanciones previstas por las normas policiales.
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