Amnistía Internacional (AI) reclamó una investigación “inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva” por la muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo migratorio realizado el 3 de octubre en Punta Cana, al este de República Dominicana.
La organización exigió a las autoridades dominicanas que esclarezcan las circunstancias del caso, establezcan posibles responsabilidades y aseguren el acceso a la justicia para la familia de la víctima. Según informaciones de medios locales recogidas por EFE, el joven murió después de recibir disparos de un agente de la Dirección General de Migración, organismo que no difundió información oficial sobre el procedimiento.
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El hecho ocurrió en medio de la política de deportaciones impulsada por el Gobierno dominicano desde octubre de 2024. El plan contempla la repatriación de 10 mil ciudadanos haitianos por semana, con el objetivo declarado de controlar la inmigración irregular en el país.
Pedido de Amnistía Internacional para determinar responsabilidades
En un comunicado, Amnistía Internacional sostuvo que el Estado debe investigar la muerte sin demoras y adoptar medidas para evitar que el caso quede impune. La entidad planteó que las autoridades tienen que identificar a los responsables de eventuales violaciones de derechos humanos y garantizar reparaciones para los familiares del joven.
La directora de AI para las Américas, Ana Piquer, afirmó que el episodio debe ser analizado dentro de un contexto más amplio. “Por años”, señaló, la organización y colectivos de República Dominicana y Haití han registrado denuncias sobre perfilamiento racial, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras formas de violencia y discriminación asociadas a las políticas migratorias dominicanas.
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Piquer pidió que esos antecedentes sean tenidos en cuenta durante las pesquisas. “Las autoridades dominicanas deben tener en cuenta este contexto en sus investigaciones y garantizar que las personas responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas”, expresó la representante de la organización.
AI remarcó que la situación migratoria de una persona no puede justificar el uso ilegítimo de la fuerza. También recordó que el empleo intencional de fuerza letal solo resulta admisible cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida.
El plan de deportaciones y más de 250,000 deportados en siete meses
La muerte se produjo mientras República Dominicana mantiene un operativo de deportaciones de ciudadanos haitianos sin documentación regular. El Ejecutivo puso en marcha ese programa en octubre de 2024 y fijó como meta la repatriación de 10 mil haitianos por semana.
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De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año, el Gobierno dominicano deportó 250,429 haitianos indocumentados hacia Haití. El país vecino atraviesa una crisis política, institucional, humanitaria y de seguridad, marcada por el control territorial de bandas armadas en varias zonas y el deterioro de los servicios básicos.
Amnistía Internacional advirtió que el Estado dominicano debe cumplir una doble obligación: investigar lo ocurrido en Punta Cana y revisar las prácticas estatales que, según la entidad, afectan los derechos de personas migrantes por razones vinculadas a su nacionalidad o al color de piel.
“La violencia, la discriminación y la impunidad no pueden seguir siendo parte de la respuesta del Estado a la migración”, concluyó la ONG. La Dirección General de Migración no había ofrecido detalles públicos sobre el operativo ni sobre las circunstancias en las que el agente habría utilizado su arma.
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