La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) entregó este miércoles un reconocimiento al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, Henry Molina, por los avances de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Registro Inmobiliario en digitalización, atención al usuario y gestión de trámites.
El presidente de ADETI, Andrés Marranzini Grullón, sostuvo que la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad resultan determinantes para apuntalar la confianza de los inversionistas y sostener el crecimiento económico en el largo plazo.
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El empresario señaló que los títulos confiables, las reglas definidas y los procesos con plazos previsibles protegen inversiones y patrimonios. También afirmó que esas condiciones permiten a las familias acceder al crédito, formar patrimonio y contar con alternativas para emprender.
El sector turístico inmobiliario pidió procesos más ágiles y previsibles
Marranzini valoró los cambios aplicados por la Jurisdicción Inmobiliaria en la digitalización de los servicios y en la eficiencia de los procesos. A la vez, planteó la necesidad de profundizar un sistema que ofrezca trámites más ágiles, transparentes y accesibles para ciudadanos e inversionistas.
El titular de ADETI vinculó ese desafío con la expansión del turismo inmobiliario, que describió como un componente con peso creciente dentro de la oferta turística de República Dominicana. Según expuso, el sector necesita una estructura institucional que acompañe su desarrollo y responda a los cambios del mercado con una planificación de largo alcance.
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Al recibir el reconocimiento, Molina indicó que lo aceptaba en representación de jueces, juezas y servidores judiciales que participaron en el proceso de transformación del Poder Judicial. También señaló que el encuentro constituyó su última participación ante ese sector como presidente de la SCJ.
Henry Molina vinculó el registro de la propiedad con el acceso al crédito
El magistrado, quien además encabeza el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, afirmó que la protección registral de la propiedad forma parte de las obligaciones del Estado con el desarrollo del país.
“Registro y justicia inmobiliaria tienen funciones distintas y una responsabilidad compartida: dar certeza a las personas sobre sus derechos”, expresó Molina. Agregó que la disponibilidad de información registral confiable facilita las operaciones inmobiliarias, respalda el acceso al crédito y reduce potenciales conflictos.
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Molina también afirmó que esa protección exige tribunales capaces de resolver controversias con independencia y dentro de plazos razonables. En ese sentido, destacó el intercambio sostenido entre la SCJ y ADETI.
Durante la actividad, el administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa Gañan, presentó la propuesta “Evolución del Sistema Inmobiliario: Registro del Futuro 2034”. El funcionario sostuvo que el plan recoge el proceso de transformación aplicado por la institución entre 2019 y 2026.
Las solicitudes inmobiliarias aumentaron más de 82% desde 2019
Las estadísticas institucionales difundidas durante el acto indican que el Registro Inmobiliario recibió 564.885 solicitudes en 2025, frente a las 313.377 registradas en 2019, lo que representa un incremento superior al 82%.
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En ese período, la entidad procesó 572.270 solicitudes. El Poder Judicial atribuyó ese resultado a cambios tecnológicos, administrativos y normativos aplicados en los últimos años.
La institución informó además que en 2026 alcanzó la digitalización del 100% de sus oficinas de servicio a nivel nacional. Entre las herramientas incorporadas figuran la Oficina Virtual, la aplicación móvil del Registro Inmobiliario, los pagos y depósitos remotos, la programación automatizada de citas y las Alertas Registrales.
Noboa afirmó que la institución busca ampliar la accesibilidad de sus servicios y reforzar la seguridad jurídica mediante una nueva etapa de modernización. “Nuestro propósito es claro: seguir garantizando la seguridad jurídica para un país que avanza”, señaló.
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ADETI también distinguió a Noboa; a la directora nacional del Registro de Títulos, Indhira del Rosario; y al director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas. La entidad destacó la coordinación entre el sector privado y la Jurisdicción Inmobiliaria para modernizar los trámites y respaldar la inversión en el mercado inmobiliario y turístico.
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