Nicaragua sigue sin resultados oficiales de su censo. A dos años de iniciado el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, el país aún no publica los datos oficiales, según informaron Divergentes y La Prensa. La demora profundiza el vacío estadístico sobre la realidad social y económica del país.
El último censo nacional con datos divulgados corresponde a 2005. Desde entonces, el país atravesó transformaciones sociales, económicas y políticas, en especial tras la crisis sociopolítica de 2018, que desencadenó un éxodo migratorio. La falta de nuevos datos censales impide medir con precisión el impacto de esos procesos y limita el diseño de políticas públicas con información actualizada.
Según estándares internacionales, los censos deben realizarse cada 10 años. Nicaragua debió levantar uno hacia 2015, pero el operativo comenzó el 30 de abril de 2024, 19 años después del anterior. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) movilizó a casi ocho mil encuestadores con la meta de concluir en mayo de 2024, aunque el proceso se extendió hasta enero de 2025.
PUBLICIDAD
Opacidad y desconfianza
A diferencia del censo de 2005, que contó con financiamiento y asistencia internacional, el de 2024 se realizó con recursos propios y sin observación externa. Medios y organizaciones ciudadanas, como Urnas Abiertas, documentaron retrasos y ampliaciones del operativo, además de irregularidades en la aplicación de encuestas, indican las publicaciones de los medios.
La desconfianza hacia las instituciones públicas marcó el proceso. Hubo ciudadanos renuentes a entregar información sobre migración, remesas y características patrimoniales, en especial ante funcionarios o agentes policiales, informan Divergentes y La Prensa.
La socióloga Elvira Cuadra, citada en las publicaciones, advirtió que la ausencia de datos censales limita la comprensión de los cambios demográficos y reduce la eficacia de las políticas públicas. El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto señaló que, sin un censo confiable, las tasas de pobreza, mortalidad y cobertura social solo pueden estimarse sobre bases inciertas, lo que afecta la planificación interna y la capacidad del país para recibir cooperación y financiamiento internacional.
PUBLICIDAD
Señalamientos de decisión política
Gutiérrez Soto sostuvo que la retención de los resultados no obedece a un descuido burocrático, sino a una decisión política orientada a administrar la percepción pública y negar información a la sociedad. Según los expertos, el ocultamiento de los datos impacta de forma directa en la formulación de políticas, la proyección presupuestaria y la credibilidad ante organismos internacionales.
Óscar René Vargas, sociólogo en el exilio, afirmó que la falta de publicación de resultados puede vincularse con el interés de las autoridades en evitar mostrar retrocesos demográficos o sociales, como el aumento de la mortalidad infantil o el descenso en los niveles de educación.
Costos e irregularidades
El censo de 2024 movilizó a miles de empadronadores y costó más de 150 millones de córdobas (4,087,193 dólares estadounidenses), según informes oficiales. El INIDE, sin embargo, no brindó información detallada sobre el uso de esos recursos ni sobre el estado actual del procesamiento de los datos.
PUBLICIDAD
Trabajadores públicos entrevistados por La Prensa confirmaron errores y repeticiones en la aplicación de las encuestas, así como la existencia de personas que no recibieron la visita de empadronadores o que no respondieron por temor o desconfianza.
Mientras otros países centroamericanos ya divulgaron los resultados de sus censos recientes, Nicaragua sigue sin una radiografía actual de su población. En los últimos 51 años, el país solo realizó tres censos: 1971, 2005 y 2024. Este último es el que más demoró en la publicación de resultados.
PUBLICIDAD