Las medidas de coerción más severas adoptadas por la justicia dominicana contra algunos de los involucrados en el caso Senasa no logran contener toda la magnitud del expediente.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que la investigación por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha desbordado las previsiones iniciales y que la fase conocida como “Senasa 2.0” podría quedarse corta frente a la cantidad de personas y estructuras implicadas.
Camacho, entrevistado en el programa El Día de Telesistema canal 11 citado por Listín Diario, reconoció que la causa se ramifica en “tres estructuras” con derivaciones abiertas y nuevas personas bajo pesquisa. “Este caso es tan grande que nosotros no estamos convencidos de que un 2.0 sea suficiente para abarcar a todas las personas que han sido involucradas”, afirmó el funcionario, quien señaló que el Ministerio Público ha optado por fragmentar los expedientes originales para facilitar la acción judicial.
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En diciembre pasado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Otras personas, como Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, recibieron prisión domiciliaria según lo consignado en Listín Diario.
Estructuras y ramificaciones en la investigación
La pesquisa del Ministerio Público identifica tres núcleos principales: el primero liderado por Santiago Hazim, exdirector de Senasa; el segundo, bajo la responsabilidad de Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas; y el tercero, vinculado al Oncológico de Santiago. Camacho destacó en El Día que cada línea de investigación mantiene derivaciones pendientes y que hay nuevas personas bajo análisis por posibles vínculos con las maniobras detectadas.
El Ministerio Público ha insistido en que la complejidad del expediente obliga a dividir a los imputados en varios procesos. Esta estrategia, según Camacho, busca evitar retrasos en los tribunales y agilizar las audiencias, aunque suponga presentar varias versiones de un mismo caso.
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El caso Senasa involucra, entonces, a estructuras administrativas y médicas que habrían utilizado distintos mecanismos para sustraer fondos públicos. El expediente ha sido presentado en fases y, según el Ministerio Público, la etapa “2.0” no sería la última si las pesquisas siguen ampliándose.
Procesos judiciales y roles atribuidos
En la línea asociada a Ángel Luis Guzmán Vásquez, un juez impuso en mayo de este año 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público sostiene que Guzmán Vásquez formaba parte de una red que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano en perjuicio de Senasa, mientras desempeñó funciones entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.
La procuradora especializada Mirna Ortiz explicó que, aunque Guzmán Vásquez era un auxiliar, tenía acceso a información privilegiada y programas internos. “Tenía acceso a los programas; tenía acceso a códigos privilegiados; incorporó códigos de médicos. Facturaron servicios sin ser ofrecidos porque tenía todos los accesos siendo empleado de la institución”, precisó Ortiz.
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En la investigación vinculada al Instituto Oncológico Regional del Cibao, el Ministerio Público solicitó este mes 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del instituto. La misma petición recayó en Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y en Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
Según la acusación, los tres habrían sustraído montos millonarios mediante maniobras fraudulentas en perjuicio de pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano, usando su acceso a fondos del Seguro Nacional de Salud.
La evolución de la causa y el alcance de las imputaciones sugieren que el caso Senasa podría generar nuevas fases procesales y podría sumar más implicados a medida que avancen las investigaciones.
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