El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el ámbito legislativo ya respondió ante el aumento de feminicidios en República Dominicana. El Congreso Nacional dispuso penas que pueden llegar a 40 años de prisión para quienes sean hallados culpables de feminicidio, como parte del nuevo Código Penal aprobado en 2025.
La reciente legislación establece condenas de entre 30 y 40 años de cárcel para los responsables de feminicidio. El texto legal determina que se aplicarán las penas más elevadas en circunstancias agravadas, como cuando la víctima sea menor, esté embarazada, el crimen ocurra en presencia de familiares, haya reincidencia o el agresor desobedezca una orden de alejamiento.
La normativa, promulgada tras más de veinte años de discusión parlamentaria, define el feminicidio como el asesinato de una mujer, sin distinción de edad, parentesco con el responsable o lugar del crimen.
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Según informó Diario Libre, las disposiciones también contemplan agravantes cuando exista una relación de pareja, antecedentes de violencia o motivaciones económicas. Así, la ley busca endurecer las consecuencias para quienes perpetren estos delitos, en un intento por frenar el preocupante aumento de casos en el país.
En lo que va de 2026, las estadísticas oficiales señalan que cerca de 30 mujeres han sido asesinadas en República Dominicana, lo que representa un incremento del 36,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte ha encendido las alarmas en todo el territorio y ha generado reclamos de acción urgente desde distintos sectores sociales y políticos.
Frente a estos datos, el Congreso afirma que la adopción de penas más severas constituye una respuesta inmediata y necesaria. Sin embargo, la propia Cámara de Diputados reconoce que la legislación, aunque estricta, no es suficiente por sí sola para detener el fenómeno. El desafío, advierten, es mucho más amplio e involucra aspectos educativos, culturales y sociales.
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“El Congreso ya ha respondido con la implementación de estas medidas, pero debemos seguir trabajando para erradicar este tipo de hechos en el país”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados. La declaración pone en evidencia que la solución al problema de los feminicidios requiere un enfoque integral. Se plantea, además de las sanciones legales, la necesidad de transformar valores y prácticas culturales que perpetúan la violencia de género.
Actualmente, en el Congreso Nacional se estudian 13 proyectos legislativos orientados a reducir los feminicidios en un plazo de diez años. El liderazgo parlamentario sostiene que estos debates reflejan la preocupación y el compromiso institucional por abordar el problema de manera estructural.
Entre los casos recientes que han causado conmoción se encuentran los asesinatos de dos mujeres de 33 años en Santo Domingo Este, perpetrados en contextos violentos y que han incrementado la presión social para que las autoridades adopten medidas efectivas y urgentes.
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La promulgación de la Ley 74-25, que contiene estas sanciones, marca la etapa más reciente de la respuesta legislativa ante la crisis de feminicidios. No obstante, la percepción dentro del Congreso es que la erradicación del fenómeno exige un cambio profundo en la sociedad, que vaya más allá del endurecimiento de las penas y apueste por la educación y la prevención.
El objetivo declarado por las autoridades es lograr que la aplicación estricta de la ley, sumada a políticas educativas y transformaciones culturales, permita disminuir los feminicidios y proteger la vida de las mujeres en República Dominicana. Los legisladores insisten en que el camino para revertir la tendencia al alza de estos crímenes implica una acción coordinada entre el Estado y la sociedad.