La Procuraduría General de la República solicitará prisión preventiva en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir una entrega controlada de USD 10,000 por parte de una persona bajo investigación del Ministerio Público.
El caso, que involucra a un funcionario de alto perfil, ha sido confirmado por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución.
La petición será remitida a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El presidente Julio César Cano Alfau tendrá la responsabilidad de asignar el expediente a un juez mediante sorteo computarizado, en cumplimiento de la jurisdicción privilegiada que corresponde al acusado.
De acuerdo con datos publicados por Listín Diario, el viernes anterior la autoridad judicial ya había recibido la solicitud para designar a un juez instructor. En este momento, Valdez Alcántara permanece detenido mientras se define su situación legal a la espera de la audiencia correspondiente.
La Procuraduría General de la República comunicó que el arresto de Valdez Alcántara se produjo en flagrante delito, tras recibir en una entrega controlada, autorizada por un juez, la suma de USD 10.000 de una persona bajo investigación.
El operativo se realizó luego de que la procuradora general solicitara a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación formal de un juez instructor para el caso.
Según el comunicado oficial, la suma incautada estaba en posesión del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). En las próximas horas, la Dirección General de Persecución, encabezada por Wilson Camacho, presentará formalmente la solicitud de prisión preventiva ante el tribunal competente.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso, responsable de la investigación, subrayó la gravedad de este hecho y reafirmó ante la ciudadanía que no habrá tolerancia ante ningún acto de corrupción dentro del Ministerio Público. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”, expresó Reynoso.
Además, aseguró que el Ministerio Público actuará para que se aplique todo el peso de la ley al procesado. “Medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, afirmó Reynoso.
Casos emblemáticos en la trayectoria de Valdez Alcántara
La carrera de Valdez Alcántara en la Pepca inició en septiembre de 2020, cuando fue seleccionado para integrarse al equipo dirigido por Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso. Desde su designación, participó en investigaciones de alto perfil que involucraron manejo de fondos públicos y figuras relevantes del ámbito nacional.
Uno de los procesos más notorios fue Los Tres Brazos. En noviembre de 2021, el fiscal integró el equipo acusador en un caso de presunto fraude por la venta de terrenos, con una expectativa de beneficio de 5 mil millones de pesos (aproximadamente USD 85 millones).
Aunque en 2022 se dictó un “no ha lugar”, la Suprema Corte de Justicia ordenó en septiembre de 2025 la revisión de los recursos de apelación.
En el caso Fodearte, Valdez Alcántara contribuyó a lograr la condena de Octavia Angélica Medina Guerrero, exdirectora de la entidad, por el desvío de ocho millones de pesos (alrededor de USD 135.000). En marzo de 2023, el fiscal confirmó la sentencia de tres años de prisión para Medina Guerrero.
La intervención de Valdez Alcántara también resultó relevante en el caso del Ministerio de Agricultura, donde se dictaron condenas de tres años de cárcel contra Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo. Ambos fueron hallados culpables de malversar más de tres millones 800 mil pesos (aproximadamente USD 65.000) mediante operaciones bancarias irregulares entre 2021 y 2022.
En la Operación Medusa, proceso judicial dirigido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el fiscal representó a la Pepca. Además, participó en la medida de coerción contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios, según Listín Diario.