La República Dominicana ha transitado en los últimos años un proceso de transformación institucional orientado a transversalizar la perspectiva de género en el sistema judicial.
El objetivo ha sido garantizar a las mujeres, especialmente a aquellas en condiciones de vulnerabilidad, una tutela judicial efectiva, inclusiva y sin discriminación.
Bajo el liderazgo de la jueza Nancy Salcedo Fernández, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, se han implementado una serie de estrategias y políticas públicas que responden tanto a compromisos internacionales asumidos por el Estado como a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
En el marco del panel denominado “Justicia social centrada en la mujer: derechos y políticas públicas”, realizado en el contexto del XI Encuentro de Lideresas, organizado por el Defensor del Pueblo, Salcedo Fernández mencionó las acciones estratégicas y los avances logrados desde el sector de justicia.
Entre los avances institucionales más relevantes se destacan la creación y consolidación de la Comisión para la Igualdad de Género, la elaboración de protocolos especializados y guías de apoyo para mujeres, así como la promoción de políticas que facilitan el acceso de las mujeres a la justicia y la protección frente a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
La Guía de Buenas Prácticas para el manejo de casos de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y de Género para jueces y juezas, el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia, Discriminación y Acoso, y la formación especializada a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, son ejemplos de instrumentos que buscan respuestas oportunas y dignas para las mujeres que acuden al sistema de justicia.
Uno de los puntos altos en la institucionalización del enfoque de género ha sido la creación de los Centros de Entrevistas Forenses para víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad, que permiten la obtención de pruebas sin revictimización y garantizan un trato digno y especializado. Además, el Observatorio de Justicia y Género, creado en 2010, da seguimiento a las tendencias y resultados de las políticas y decisiones judiciales, generando pautas de actuación para la transversalidad de género en la toma de decisiones.
En términos de representación, el Poder Judicial dominicano cuenta actualmente con una mayoría femenina: el 64.48% de los servidores judiciales son mujeres y el 60.47% de las judicaturas están ocupadas por juezas. El número de mujeres en puestos directivos ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que contribuye a visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito judicial. Sin embargo, persisten desafíos para alcanzar una verdadera paridad en las altas cortes y asegurar que la presencia cuantitativa se traduzca en una participación cualitativa y en el acceso a los principales espacios de toma de decisiones.
A nivel normativo, la República Dominicana ha incorporado instrumentos internacionales y nacionales que respaldan la equidad de género, como el Convenio 156 de la OIT, que promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la no discriminación por maternidad. En la práctica, se han impulsado licencias parentales más flexibles, servicios de apoyo a la lactancia materna y horarios laborales adaptados, aunque la conciliación entre la vida profesional y familiar sigue siendo un reto para muchas mujeres.
El reconocimiento de liderazgos femeninos en el sector judicial, como el de la jueza Nancy Salcedo Fernández y la jueza Kenya Romero, es un reflejo del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de un sistema de justicia más equitativo. No obstante, los informes y consultas nacionales recientes señalan que las mujeres aún enfrentan barreras estructurales, culturales y geográficas que limitan su pleno acceso a la justicia. La Gran Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, impulsada por el Ministerio de la Mujer en 2026, busca precisamente identificar esas barreras y generar insumos para una reforma institucional más profunda.
El camino recorrido muestra avances evidentes en la institucionalización de la perspectiva de género y la promoción de buenas prácticas judiciales. Resta, sin embargo, continuar el trabajo para que estos cambios sean sostenibles y se traduzcan en una justicia más humana, empática y alineada con los principios de igualdad y equidad. Como concluyó la jueza Salcedo: “La incorporación de políticas públicas centradas en la mujer dentro del Poder Judicial dominicano representa un paso esencial hacia la construcción de un sistema de justicia más equitativo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”.