La República Dominicana ha transitado en los últimos años un proceso de transformación institucional orientado a transversalizar la perspectiva de género en el sistema judicial.
El objetivo ha sido garantizar a las mujeres, especialmente a aquellas en condiciones de vulnerabilidad, una tutela judicial efectiva, inclusiva y sin discriminación.
Bajo el liderazgo de la jueza Nancy Salcedo Fernández, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, se han implementado una serie de estrategias y políticas públicas que responden tanto a compromisos internacionales asumidos por el Estado como a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
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En el marco del panel denominado “Justicia social centrada en la mujer: derechos y políticas públicas”, realizado en el contexto del XI Encuentro de Lideresas, organizado por el Defensor del Pueblo, Salcedo Fernández mencionó las acciones estratégicas y los avances logrados desde el sector de justicia.
Entre los avances institucionales más relevantes se destacan la creación y consolidación de la Comisión para la Igualdad de Género, la elaboración de protocolos especializados y guías de apoyo para mujeres, así como la promoción de políticas que facilitan el acceso de las mujeres a la justicia y la protección frente a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
La Guía de Buenas Prácticas para el manejo de casos de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y de Género para jueces y juezas, el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia, Discriminación y Acoso, y la formación especializada a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, son ejemplos de instrumentos que buscan respuestas oportunas y dignas para las mujeres que acuden al sistema de justicia.
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Uno de los puntos altos en la institucionalización del enfoque de género ha sido la creación de los Centros de Entrevistas Forenses para víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad, que permiten la obtención de pruebas sin revictimización y garantizan un trato digno y especializado. Además, el Observatorio de Justicia y Género, creado en 2010, da seguimiento a las tendencias y resultados de las políticas y decisiones judiciales, generando pautas de actuación para la transversalidad de género en la toma de decisiones.
En términos de representación, el Poder Judicial dominicano cuenta actualmente con una mayoría femenina: el 64.48% de los servidores judiciales son mujeres y el 60.47% de las judicaturas están ocupadas por juezas. El número de mujeres en puestos directivos ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que contribuye a visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito judicial. Sin embargo, persisten desafíos para alcanzar una verdadera paridad en las altas cortes y asegurar que la presencia cuantitativa se traduzca en una participación cualitativa y en el acceso a los principales espacios de toma de decisiones.
A nivel normativo, la República Dominicana ha incorporado instrumentos internacionales y nacionales que respaldan la equidad de género, como el Convenio 156 de la OIT, que promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la no discriminación por maternidad. En la práctica, se han impulsado licencias parentales más flexibles, servicios de apoyo a la lactancia materna y horarios laborales adaptados, aunque la conciliación entre la vida profesional y familiar sigue siendo un reto para muchas mujeres.
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El reconocimiento de liderazgos femeninos en el sector judicial, como el de la jueza Nancy Salcedo Fernández y la jueza Kenya Romero, es un reflejo del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de un sistema de justicia más equitativo. No obstante, los informes y consultas nacionales recientes señalan que las mujeres aún enfrentan barreras estructurales, culturales y geográficas que limitan su pleno acceso a la justicia. La Gran Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, impulsada por el Ministerio de la Mujer en 2026, busca precisamente identificar esas barreras y generar insumos para una reforma institucional más profunda.
El camino recorrido muestra avances evidentes en la institucionalización de la perspectiva de género y la promoción de buenas prácticas judiciales. Resta, sin embargo, continuar el trabajo para que estos cambios sean sostenibles y se traduzcan en una justicia más humana, empática y alineada con los principios de igualdad y equidad. Como concluyó la jueza Salcedo: “La incorporación de políticas públicas centradas en la mujer dentro del Poder Judicial dominicano representa un paso esencial hacia la construcción de un sistema de justicia más equitativo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”.