El avance de las mujeres dominicanas en el ámbito educativo no ha logrado borrar las diferencias en ingresos ni garantizar un acceso igualitario a los espacios de poder.
El último informe del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026 y al que tuvo acceso Infobae revela este contraste: aunque la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina, las brechas económicas y políticas persisten.
Entre los hallazgos principales, el estudio indica que el 63.7 % del alumnado universitario está compuesto por mujeres. Sin embargo, esta ventaja académica no se traduce en el mercado laboral. La desocupación afecta especialmente a las mujeres con estudios: el 89 % de las desempleadas tiene educación media o superior; en el ámbito universitario, existen 54,751 mujeres desempleadas frente a 16,708 hombres.
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La desigualdad salarial se acentúa en el sector informal. Los hombres reciben RD$ 140.1 por hora, mientras que las mujeres perciben RD$ 102.8. Esta diferencia genera un desfase mensual de casi RD$ 8,000, limitando la autonomía económica de las trabajadoras.
Brecha en el acceso al poder político
En cuanto al acceso al poder, las mujeres han experimentado retrocesos. La representación femenina en los ministerios del Poder Ejecutivo cayó al 13 % en 2025, el valor más bajo en los últimos tres periodos de gobierno.
Aunque los partidos han incrementado la presencia numérica de mujeres en sus directivas, los puestos estratégicos siguen bajo dominio masculino. En general, las mujeres son designadas en áreas sociales y alejadas de los cargos con mayor poder de decisión.
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En el ámbito municipal, la presencia femenina es más visible en las regidurías, donde alcanzan un 41.2 %. No obstante, su llegada a las alcaldías es limitada, lo que confirma la existencia de techos de cristal en la política local.
A pesar de que las dominicanas lideran los datos de educación superior y han avanzado en la esfera pública, el OPD-FUNGLODE subraya que la desigualdad salarial, el desempleo cualificado y la escasa representación en cargos de poder constituyen obstáculos para alcanzar la igualdad real en República Dominicana.
Salud, seguridad y barreras sociales
El informe aborda también la situación de la salud reproductiva y la seguridad. Los embarazos adolescentes han disminuido, pasando de 32,061 casos en 2019 a 11,961 en 2025. Sin embargo, el fenómeno se mantiene como un problema estructural, especialmente en las provincias fronterizas, donde la incidencia supera el 24 %.
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La mortalidad materna permanece como una preocupación. Entre 2016 y 2025, 1,969 mujeres fallecieron por causas asociadas al embarazo o parto, destacándose un repunte en el último año y una alta proporción de víctimas de nacionalidad haitiana.
La violencia de género persiste. Según la Procuraduría General de la República, se registraron 736 feminicidios entre 2016 y septiembre de 2025, con un crecimiento en los últimos tres años. Los datos recopilados por el OPD-FUNGLODE incluso elevan esta cifra a 809 casos.
Inclusión financiera y transformación del hogar
En el plano financiero, el informe destaca que las mujeres muestran una morosidad inferior (1.4 %) respecto a los hombres (2 %), lo que indica una gestión más cuidadosa de las deudas.
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No obstante, aunque representan el 49 % de los deudores, solo concentran el 33 % del monto total adeudado, lo que refleja limitaciones para acceder a créditos mayores y acumular capital en igualdad de condiciones.
El estudio detecta un cambio en la estructura familiar: en el 64 % de los hogares, la jefatura recae en una mujer, en especial en el grupo etario de 30 a 39 años. Este fenómeno evidencia transformaciones sociales y nuevas formas de liderazgo femenino en el entorno doméstico.
Políticas públicas y los retos para cerrar la brecha de género
Flor Esmirna Batista Polo, Anacely Gómez y María Teresa Morales Nolasco, autoras del informe, advierten que los logros cuantitativos en educación o en la presencia institucional femenina no son suficientes.
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El OPD-FUNGLODE enfatiza la urgencia de políticas públicas integrales, que aborden la reducción del trabajo no remunerado, la conciliación laboral y la eliminación de barreras culturales, como vía fundamental para lograr una mayor equidad de género en República Dominicana y cerrar la brecha entre el capital educativo de las mujeres y su acceso efectivo al poder y a los recursos económicos.