La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.
Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.
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“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.
“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.
“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.
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Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.
Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.
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Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.
“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.
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La preparación de las audiencias
La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.
El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.
El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.
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La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.
La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.
“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.
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La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.
La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.
La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.
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La expectativa por el fallo
Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.
“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.
Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.
Desde la Cancillería, además, se apuntó a un efecto político concreto de un fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, señaló un funcionario del Palacio San Martín.
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