Las dos decisiones del Gobierno que tensaron al máximo la relación con la CGT y podrían acelerar el paro general

La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.

En la cabeza de los jefes cegetistas se despliega un tablero lleno de desafíos y complicaciones. Los referentes del sector dialoguista siguen explicando en privado que “aún no hay clima social” para impulsar una nueva paralización total de actividades. Saben que crece el malestar por el deterioro de algunos índices económicos y laborales, pero no están seguros de que eso garantice el éxito de otro paro general: sus bases son renuentes a que les descuenten un día de trabajo o a perder el presentismo y, obviamente, muchos temen que la adhesión a una huelga los lleve al despido.

Además, un acatamiento dispar al paro general también dejará al sindicalismo en una posición de debilidad ante el PJ en un momento clave: está en juego la interna del peronismo en la que se definirán la candidatura presidencial y las listas legislativas para 2027, donde la CGT espera tener por fin un papel protagónico.

Pero, ¿qué político se asociará para el trazado electoral a un poder sindical que no puede hacer un paro general que verdaderamente arrincone a Milei y lo obligue a rectificar sus políticas? Es una de las dudas que los carcome.

En ese escenario tan complejo, la CGT pudo acordar en julio pasado con el Gobierno una serie de correcciones a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que había perjudicado a los sindicatos en puntos clave para su financiamiento. Así surgió el decreto 612, que dejó a salvo la caja sindical, y graficó una etapa del oficialismo más predispuesta a la negociación a partir de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Algunos creen que quizá por ese alivio en las arcas de los gremios la CGT amagó con un virulento esquema de protestas “a la francesa”, con medidas sectoriales y alternadas, y terminó en un plan de lucha sin huelgas y con eje en marchas callejeras, en las que tampoco movió todo el “aparato sindical” para que fueran masivas.

Pero dos recientes decisiones del Gobierno volvieron a prender las luces amarillas en la CGT y podrían derivar en un endurecimiento de su estrategia, aunque siempre después de la visita del Papa León XIV a la Argentina, donde la expectativa cegetista, más allá de su encuentro del 9 de noviembre en la UCA junto con el empresariado y los movimientos sociales, es que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socieconómica de la administración libertaria.

Una de las decisiones oficiales que inquietaron a la CGT es la de preparar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.

La apelación, como anticipó Infobae, busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera en un plazo de 5 días el correspondiente certificado de autoridades, que es el reconocimiento de que Barrionuevo ganó las elecciones y tiene todas atribuciones como titular de la UTHGRA.

Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, decidió ir a la Corte para no convalidar al líder de Gastronómicos con el argumento de que las elecciones en las que se proclamó ganador están judicializadas y sin fallo en firme.

“Es muy preocupante que recurra a la Corte porque es una injerencia total del Poder Ejecutivo contra un gremio nacional”, dijo a Infobae un alto directivo de la CGT, temeroso de que la resolución sirva de “antecedente para desobedecer” fallos favorables a otros sindicatos.

Pero, además, en la cúpula de la CGT, dominada por el sector dialoguista, causó impacto el alejamiento de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa: creen que es una “muestra de hostilidad” hacia el sindicalismo porque la funcionaria saliente tenía fluidas relaciones con la dirigencia gremial y con el empresariado.

Algunos líderes sindicales incluso advirtieron que Testa “no fue desplazada” por Pettovello, como deslizaron fuentes oficiales, sino que presentó su renuncia indeclinable al cargo por “motivos personales”, aunque deslizaron que se fue por diferencias en la gestión como consecuencia de las “presiones” de Federico Sturznegger, el enemigo público N° 1 de la CGT.

Nunca fue un secreto que la ex subsecretaria de Trabajo, que fue nombrada en enero de 2025 por impulso de Julio Cordero, el secretario del área, llegó desde el gobierno porteño, donde era directora general de Relaciones Laborales, sin ser un cuadro técnico del PRO y con un pasado como abogada de la UOCRA, pero pareció haber sido elegida precisamente porque, además de mucha experiencia en la gestión, tenía excelentes vínculos en el ámbito sindical y empresarial.

En la CGT dicen que Testa “se cansó” de lidiar con problemas ajenos a su función, mientras que en el Gobierno aclaran que su alejamiento se debió a una “reestructuración” en Capital Humano, dejando en claro que no se cuestionaba la forma en que trabajó.

Más allá de su relación con Cordero, los sindicalistas sienten que perdieron una interlocutora que podía contemplar sus posiciones gracias a haber conocido la problemática gremial por su tarea profesional en la organización liderada por Gerardo Martínez.

Para la CGT son pésimas señales la designación del abogado Mariano Sartoris en lugar de Testa porque “no conoce sobre las relaciones laborales” (se trata de una persona de extrema confianza de Pettovello) y la llegada de Ramiro Cherñetz como director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo: “Proviene de las corporaciones empresariales y de los estudios jurídicos que escribieron la reforma laboral”, se quejan.

Pese a que ya se enteró del malestar de la CGT a raíz de sus últimas dos decisiones, el Gobierno afirma que no habrá modificaciones en el rumbo y que seguirá teniendo “las puertas abiertas”. “No se tienen que sentir amenazados -advirtió a Infobae una importante fuente libertaria-, pero los sindicalistas piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo y que son más importantes que el presidente de la Nación. No se dan cuenta de que los tiempos cambiaron”.

Justamente, a tono con sus reflejos de siempre, los jefes de la CGT tomaron nota de los “gestos de hostilidad” del Gobierno con sus últimas decisiones y, aunque admiten que deberán “analizar cuál es el mejor momento y la mejor reacción”, ya acercaron el pie al acelerador del nuevo paro general: la segunda quincena de noviembre, luego de la visita del Papa, figura en estas horas marcada en rojo en el almanaque de las protestas cegetistas.