En medio de diferencias internas, la CGT y las CTA desistieron de movilizarse hoy cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo

La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enfrentados por la reunión del Consejo del Salario Mínimo prevista para este viernes: pese a que la Secretaría de Trabajo rechazó el pedido sindical de realizarla de manera presencial y no virtual, las tres centrales obreras finalmente desistieron de movilizarse para exigir una fuerte suba fuerte del salario mínimo, que actualmente es de $376.600.

“No tenía sentido protestar en la calle si el encuentro será virtual”, admitió a Infobae un jefe cegetista luego de reconocer que la dirigencia sindical analizó la posibilidad de concentrarse ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, aunque admitió que ese tema provocó diferencias entre los gremialistas.

La mayoría de los dirigentes de la CGT no querían movilizarse, pero los sindicalistas del transporte y de las dos CTA eran partidarios de reclamar ante Trabajo por una mejora sustancial del sueldo mínimo y en protesta por la decisión del Gobierno de que la reunión del Consejo del Salario no fuera presencial, pese al pedido gremial.

El encuentro virtual entre el Gobierno, el sindicalismo y el sector empresarial, convocado para las 12.30, será presidido por Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo, y será el primero del Consejo del Salario desde el 26 de noviembre pasado, cuando no hubo acuerdo entre las partes y el Poder Ejecutivo estableció por decreto aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026: el salario mínimo pasó a $334.800 en el primer tramo y llegó al nivel actual de $376.600.

En la CGT creen que el salario mínimo debería alcanzar el valor de la canasta básica familiar, que se ubica hoy en $1.564.716, pero admiten que será imposible que ese monto sea aceptado por el Gobierno, por lo que descuentan que no habrá acuerdo por la cifra del aumento y habrá nuevamente un laudo oficial.

La delegación sindical que participará del Consejo del Salario estará integrada, entre otros, por los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad) y Sergio Romero (UDA).

El Gobierno difundió en estos días una serie de cifras para relativizar el impacto real del salario mínimo en los ingresos de los trabajadores: según las estimaciones oficiales, alrededor del 1% de la población asalariada del país cobra por debajo del salario mínimo, y entre los trabajadores registrados del sector privado y del sector público esa proporción cae a menos del 0,2%.

De acuerdo con la información oficial, para los asalariados registrados del sector privado y de la administración pública nacional, la tarea de fijar un piso salarial queda en manos de la negociación colectiva por su elevada cobertura y su efecto real sobre las remuneraciones.

Ese mismo análisis admite, al mismo tiempo, que el salario mínimo sigue siendo una herramienta de actualización para otros sectores de la población no alcanzados por las paritarias y destaca que esa incidencia se redujo de manera sensible en los últimos tiempos.

Por eso desde Trabajo, a partir de sus conversaciones con dirigentes sindicales, surgió la idea de sacar el foco del salario mínimo, vital y móvil y, en cambio, incentivar a que se incluyan en los convenios colectivos de trabajo una cláusula que establezca un salario mínimo garantizado de un millón de pesos, un recurso que ya se utiliza y que, según la expectativa oficial, si se generaliza tendrá un efecto concreto en las actividades con sueldos bajos.

Para los funcionarios laborales, mientras el salario mínimo es sólo un punto de referencia que incide en componentes ajenos a la negociación sectorial, el instrumento que tendría efecto real sobre los sueldos sería el mínimo garantizado pactado en cada convenio colectivo por empresarios y sindicalistas. Y, a la vez, será una herramienta que elevará los sueldos más bajos sin que tenga incidencia en los niveles inflacionarios.

Lo que se busca desde el Gobierno es que si un trabajador cumple una jornada completa de 8 horas y, sumados los adicionales y los premios, no alcanza el monto fijado como piso en su convenio, la empresa debería completar la diferencia para llegar al millón de pesos.

La propuesta no busca reemplazar la pauta oficial para las negociaciones salariales ya que las paritarias seguirían con topes del 2% mensual, más bonos u otras sumas cuando correspondiera, pero el mínimo garantizado funcionaría como una cláusula adicional en cada convenio que garantizará el piso salarial.