La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) destacó el Paro Nacional Docente que se llevó a cabo este lunes en todo el país y habló de un alto acatamiento en los establecimientos educativos de todo el país. Sin embargo, el Gobierno realiza un relevamiento a nivel nacional y cruzó a las provincias que son lideradas por peronistas.
En ese marco, durante la mañana de este lunes, el gremio realizó una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde también se leyó un documento con fuertes críticas al Poder Ejecutivo. Participaron otras organizaciones como CONADU, CONADU Histórica y ATE.
La delegación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional.
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Durante el acto central, Alesso sostuvo que los docentes perciben “salarios de hambre” y que están “endeudados” debido a que sus ingresos continúan “congelados” y “no llegan a fin de mes”. Exigió además “de forma urgente” la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que actualmente se ubica en 500 mil pesos y se encuentra por debajo de la inflación acumulada.
La dirigente también reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno Nacional en 2024 por razones de equilibrio fiscal, y criticó la falta de inversión en infraestructura escolar. “El Poder Ejecutivo no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión”, afirmó. Aseguró además que la crisis educativa actual es “peor que la de los años 90”, en referencia al período en que el Estado nacional “también se había desresponsabilizado” del financiamiento escolar.
Para cerrar su intervención, repudió los intentos oficiales de declarar la educación como “servicio esencial” con el fin de “bloquear los paros” y acusó al oficialismo de “intimidar” mediante multas y amenazas a los gremios en lugar de convocar a una mesa de diálogo. También ratificó la oposición de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que calificó como un ataque a la gratuidad y al rol del Estado en la educación.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con el relevamiento nacional para verificar el nivel de acatamiento al paro. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, justificó la medida en declaraciones a Radio La Red: “La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”. La disposición está contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, que establece ese porcentaje mínimo de cobertura para los servicios declarados esenciales.
Ante la detección de incumplimientos, las sanciones recaerán sobre los gremios y no sobre los docentes individualmente, aclararon desde el ministerio. Una fuente del Gobierno advirtió a Infobae que la medida podría llegar hasta la quita de la personería gremial: “A Sandra no le va a temblar el pulso porque la educación es un tema muy importante”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo a través de su cuenta de X que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”. Pese a que la declaración de esencialidad fue judicializada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero, el Gobierno apeló el fallo del juzgado laboral N° 74 que la había suspendido en primera instancia y logró mantener su vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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Desde el oficialismo señalaron a Infobae que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias gobernadas por dirigentes peronistas, como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. Una fuente del Gabinete responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de haber circulado un comunicado interno incitando a los docentes a plegarse a la protesta, aunque desde la gobernación aseguraron no tener información al respecto. “Estamos dando una batalla cultural enorme porque el culpable de que los docentes de la provincia ganen lo que ganen es Kicillof”, afirmó la misma fuente ante este medio.
En contraste, las provincias de San Luis y Mendoza dictaron clases con normalidad, mientras que Santa Fe cumplió con los mínimos establecidos por la ley y Chaco registró un bajo nivel de acatamiento, según datos preliminares relevados por la cartera.
Asimismo, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10%” y que “funciona todo con normalidad”, con descuento de haberes para quienes adhirieron a la medida. Al cierre de esta nota, la Secretaría de Trabajo aún no contaba con los datos completos del operativo desplegado a través de las agencias territoriales en todo el país. Desde el Gobierno nacional denunciaron además que la provincia de Buenos Aires no permitió realizar los controles impulsados desde primera hora de la mañana.
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