El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, salió a responder públicamente las acusaciones sindicales tras dos jornadas consecutivas de protestas frente a la sede central del organismo en el barrio porteño de Núñez. A través de un tuit, Porro aseguró que no hubo despidos de personal científico ni estratégico y encuadró las bajas como la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, todos suscriptos durante 2023 bajo la gestión de su antecesora, Adriana Serquis.
La declaración llegó en un momento de alta tensión institucional. El martes 30 de junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó el edificio ubicado en la avenida del Libertador 8250 para denunciar el despido de casi un centenar de empleados. La jornada derivó en incidentes que incluyeron el ingreso de manifestantes al inmueble, el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional —que custodia la sede por tratarse de una institución estratégica— y la lesión leve de un efectivo en la boca. Este miércoles 1° de julio, los trabajadores volvieron a concentrarse frente al organismo, esta vez sobre la vereda y sin corte de tránsito, en repudio tanto a las desvinculaciones como al operativo de desalojo del día anterior.
En ese contexto, Porro tomó la palabra para fijar la postura oficial. Describió lo ocurrido el martes como un episodio de violencia organizada: “Un grupo de personas fogoneadas por la política decidió violentar la paz con la que trabajamos en nuestra querida institución, pateando puertas, golpeando vidrios, amenazando a compañeros”, escribió en su cuenta. El titular de la CNEA agradeció además la intervención de la Gendarmería y calificó su actuación como profesional.
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El eje del descargo de Porro fue la caracterización del personal desvinculado. Sobre un universo de más de 300 contratados, precisó que se decidió no renovar 61 agentes que permanecían bajo la modalidad de plazo fijo, todos incorporados durante 2023. Según el funcionario, esos contratos correspondían “mayoritariamente” a funciones administrativas, y aclaró de manera taxativa: “Ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”.
Los datos oficiales aportados por el Gobierno refuerzan esa lectura. De acuerdo con la información difundida, 42 de los 61 contratos no renovados correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de la toma del edificio, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos, en el marco de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional.
Esa versión choca frontalmente con la del sindicato. ATE sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, según el comunicado difundido por el gremio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó las bajas como una “canallada”, invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza la estabilidad laboral en el Estado— y advirtió que quienes impulsen las cesantías “van a terminar todos presos” si actúan al margen de esa norma.
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Una voz que contradice directamente al titular de la CNEA emergió en redes sociales. Paula Alderete, quien se identificó como operadora del único microscopio electrónico de barrido con acreditación en normas ISO 9001 e ISO 17025 del país, le respondió a Porro en el mismo posteo: “Estás mintiendo”, escribió, al tiempo que confirmó haber sido desvinculada pese a su perfil técnico especializado.
Aguiar, en tanto, no descartó nuevas medidas de fuerza y sostuvo que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con generación de electricidad de origen nuclear, argumentando que el proceso en curso amenaza ese desarrollo. Porro, en cambio, cerró su mensaje con una definición de intenciones: “Estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”.