El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo en su cuenta de X que el Gobierno admitió “aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad”.
Este posteo fue a colación de la reciente firma del convenio entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional, que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, un aumento de 50% en las Becas Manuel Belgrano y $50 mil millones para hospitales universitarios.
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“Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país”, reconoció el exlegislador de Evolución Radical ante la propuesta que estableció una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Ese esquema equivale a siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.
Pero el acuerdo económico no cerró el litigio judicial. Los rectores comunicaron que no retirarán la demanda en la causa que analiza la Corte Suprema por los fondos universitarios. “Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública”, agregó el vicerrector de la UBA en su posteo de la red social citada.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo establecido para pronunciarse.
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La posición oficial sostiene que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según la interpretación del Ejecutivo, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Gobierno entiende que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Yacobitti consideró que “nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha”. Y que el avance también se consiguió “gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso”.
La negociación con los gremios sigue abierta
Las conversaciones también incluyeron una negociación específica para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial aparece como más delicada por la pérdida de poder adquisitivo que provocó la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.
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Ese deterioro integra la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo abarca tanto a docentes como a no docentes, mientras los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria y un acuerdo con las organizaciones sindicales.
Desde Conadu expresaron desconfianza sobre el alcance inmediato de lo pactado y dijeron a Infobae: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.
Mientras tanto, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
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También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.
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